Mas considera que un Gobierno fuerte en Cataluña - es decir, de CiU en solitario-, que «esté dispuesto a tomar decisiones aunque sean impopulares», generaría confianza no solo en esta comunidad autónoma, sino también en el resto del sur de Europa, incluida España. Lo contrapone a un tripartito caracterizado por su «constantes desencuentros y la falta de un proyecto común».
Pese a que barrunta tiempos difíciles para la economía tras el rescate de Irlanda, el candidato convergente pide a la sociedad que sume esfuerzos porque, en su opinión, con confianza, la ayuda de todos e impulsando lo que califica de valores de la catalanidad, como el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la creatividad y la capacidad de abrirse al mundo, se puede salir adelante. «Las medidas más urgentes deben ser proporcionar mayor liquidez a nuestras empresas y rebajar la morosidad», explica. Mas apuesta por eliminar el impuesto de sucesiones y está dispuesto a hacerlo con el apoyo del PP.
Mas no eliminará las multas por no rotular en catalán, como es obligatorio, que ha instaurado el tripartito, aunque afirma que prefiere «la seducción» en la política lingüística.
-¿Qué balance hace de estos siete años de Gobierno tripartito y, en especial, de los cuatro últimos en que ha estado al frente de él José Montilla?
-El balance es el legado del tripartito: 18% de paro, 40% de paro juvenil, y 30% de fracaso escolar, y una Administración de las más endeudadas de Europa. Ante estos datos, sobran palabras.
-Dígame tres medidas que plantee CiU que supongan un cambio claro con las políticas que ha desarrollado el tripartito.
-La primera, un Gobierno que no se pelee y sea austero. Segundo, un Gobierno que apueste por la creación de empleo y no estigmatice a los emprendedores. Y tercero, un Gobierno que priorice la lucha contra el fracaso escolar.
-¿Cuál es su posición en materia lingüística? ¿Está a favor de seguir multando a los comerciantes que no rotulen en catalán? ¿Se discrimina al castellano en Cataluña?
-En España hay 500 normas de distinta índole que imponen el castellano y muchas de ellas imponen sanciones. Me pregunto: ¿si el catalán es una lengua oficial en Cataluña, por qué no puede disponer de una normativa reguladora parecida a la que tiene el castellano en Cataluña, que también es oficial?