El Gobierno insiste en no condenar a Rabat pese a las críticas de la oposición

Trinidad Jiménez simbolizó ayer en el Congreso la imagen de la soledad del Gobierno ante la crisis desatada por el violento asalto marroquí al campamento del Sáhara. En este asunto no hay socios parlamentarios que valgan. El PNV y Coalición Canaria (CC) fueron más duros que muchos otros grupos de oposición, que de forma unánime exigieron a la ministra de Asuntos Exteriores una condena explícita a Marruecos por los muertos y heridos en el asalto y por la represión posterior en la ex colonia española. El Ejecutivo se enrocó en su negativa y Jiménez, que reconoció el desgarro con el que los socialistas viven la polémica, solo contó con el apoyo de la portavoz de su grupo.

La ministra insistió en que el Sáhara no es responsabilidad de España, que a pesar de ello se ha implicado en la solución del conflicto «como ningún otro país» y adelantó que España, «como el resto de los países del mundo», no emitirá condena alguna por lo ocurrido el 8 de noviembre en El Aaiún hasta que exista «un informe final, claro y con datos fehacientes», que sea validado por la comunidad internacional. No mencionó quién elaborará el documento, aunque apuntó a la oenegé vinculada a la ONU Human Rights Watch, que al parecer ya ha comenzado a trabajar.

Jiménez manifestó que al Gobierno le ofende que alguien piense que España, en su relación con Marruecos, «antepone sus intereses al respeto de los derechos humanos». Se trata, añadió, de simple «prudencia y responsabilidad». Lo más lejos que llegó fue a «condenar la violencia y a reclamar la presencia de periodistas en la zona. A este respecto, Marruecos presentó una propuesta de acceso limitado de algunos medios españoles, en la línea de la ya aplicada a los franceses, lo que es considerado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España como «censura dirigida».

«Contra las cuerdas»

Gustavo de Arístegui (PP) le contestó que el Gobierno «está noqueado, contra las cuerdas y sobrepasado por los acontecimientos» y que, incluso, se ha convertido en un freno para la solución del problema al «romper la política de neutralidad» en favor de Marruecos y «sacrificar la credibilidad de España». IU cree que la ministra miente respecto a la falta de información y vaticinó que el Sáhara será «el Waterloo electoral del Gobierno, como Irak lo fue para el PP».

ERC apuntó al Ejecutivo como parte culpable en estos hechos y dijo que guarda «un silencio hipócrita ante un genocidio», al tiempo que CC le llamaba cobarde por su «silencio bochornoso». El PNV dijo que, «mientras Marruecos aplaude, el pueblo saharaui llora» y, en clara referencia a las exigencias que el Gobierno le hace a la izquierda aberzale, afirmó que «no vale lamentar, hay que condenar». «Seguro que le suena la dicotomía», añadió irónico.

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