Ha recurrido la Ley de Acogida y el Código de Consumo porque otorgan a la lengua catalana un carácter preferente rechazado por el Tribunal Constitucional
24 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.María Luisa Cava de Llano y Carrió sustituyó en julio a Enrique Múgica y, desde entonces, sus declaraciones -«¿estamos o no en un país democrático?», se llegó a preguntar cuando algunos políticos catalanes llamaron a la «insumisión legal»- y actuaciones -sendos recursos contra la Ley de Acogida y el Código de Consumo de Cataluña- han sido polémicas. Hace unos días los nacionalistas la atacaron muy duramente tras la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo en el Congreso. Joan Tardá (ERC) la acusó de catalanofobia y Montserrat Surroca (CiU) de fijación con Cataluña.
-¿A qué se deben los ataques, en algunos casos furibundos, de los nacionalistas?
-Los radicales nacionalistas no pueden asimilar que una catalana como yo defienda a todos los catalanes y no solo a una parte, como hacen ellos. Soy una catalana que amo la libertad y la posibilidad que tienen los catalanes de optar por una de las dos lenguas oficiales. Esto no lo entienden. No les dolería tanto si lo dijera una andaluza o una valenciana, pero sí una catalana. Yo no reniego de Cataluña, la quiero, y un Defensor del Pueblo debe velar por los derechos fundamentales de todos, también de los catalanes que han optado libremente por hablar el castellano. Los que discriminan son los políticos que consideran que solo se debe utilizar una lengua.
-Sorprende que siendo interina haya cobrado tanto protagonismo. Es evidente que las críticas no la amedrentan.
-Al día siguiente presenté otro recurso, contra el Código de Consumo. Yo de amedrentarme nada, gracias a Dios. Nuestra Ley Orgánica prevé que cuando el defensor cesa el adjunto primero asume el cargo, porque la defensa de los derechos fundamentales no puede tener paréntesis. Además, existe un plazo de tres meses para interponer recursos. ¿Qué pretenden, que me cruce de brazos y deje pasar el plazo sin recurrir?
-El reglamento no le permitió responder, pero en cierta forma lo hizo en los pasillos.
-Dije que no es mejor catalán el que habla catalán que el que habla castellano. Esa obsesión de estos radicales en la utilización de la lengua como signo identitario y excluyente no solo la critica la gente que cumple con la Constitución, sino también, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos.
-¿Por qué ha recurrido la Ley de Acogida y el Código de Consumo?
-Por la preferencia de la lengua catalana sobre la castellana. La sentencia del Constitucional ha dicho que no hay lengua preferente. La Ley de Acogida exige a los inmigrantes una evaluación en catalán para otorgarles el certificado de integración. El Código de Consumo va más allá y exige el catalán en las relaciones privadas, entre particulares. Las sanciones pecuniarias pueden llegar hasta un millón de euros. Pongo el ejemplo de la famosa señora de la mercería que me vino a ver, a la que multaron con 1.200 euros por tener un letrerito de 20 por 10 centímetros que decía que no se cambian hilos. Tengo el expediente sobre la mesa, no me lo puede negar nadie.
-El presidente José Montilla parece haber rectificado.
-Es el primer diario en el que tengo la oportunidad de expresar mi enorme satisfacción de que el señor Montilla, después de las críticas que me ha hecho, esté dando marcha atrás y diga que no se van a imponer más multas en materia lingüística, que era una gran barbaridad. De sabios es rectificar.
-Usted ha dicho que es intolerable sancionar por emplear una lengua oficial.
-Es lo que hace el Código de Consumo. La ley de política lingüística obligaba a que el comerciante estuviera en disposición de atender a una persona que hablara catalán o castellano. Yo no estaba aquí en ese momento, en 1998, sino la habría recurrido. Ahora el Código de Consumo obliga a entregar en catalán los prospectos, los tiques de caja, a tener los letreros en catalán, todo lo que se le ocurra.
-Hay un problema con el castellano en Cataluña.
-En Cataluña hablar castellano no tiene el más mínimo problema. Otra cosa es la Administración, ya que exige cosas como que los médicos tengan que aprender catalán en un plazo de tres años para hacer las historias clínicas en esa lengua.
-¿Se ha escorado la Defensora del Pueblo, e incluso su antecesor, hacia las posiciones que defiende el PP en Cataluña?
-En absoluto. Lo que ha ocurrido es que el PSC ha virado hacia una posición nacionalista. Al formar el tripartito se radicalizó y ocupó el lugar de los nacionalistas, que se vieron abocados a radicalizarse aún más porque otro había llenado su hueco. Ahora el PSC está reculando y espero que los nacionalistas vuelvan a su lugar.
-¿Qué le parece el plan del Gobierno de rescatar partes del Estatuto?
-En un Estado de derecho hay que acatar la Constitución y las sentencias. Todos los poderes del Estado están obligados a cumplirlas. Supongo que la intención del Gobierno no será buscar atajos que vayan contra lo que ha dicho el tribunal, que es lo que entendió el pueblo llano. Si lo hiciera, recurriríamos.