PSOE y PP cierran un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID/LA VOZ.

ESPAÑA

Los populares renuncian a que el ex vocal del CGPJ Enrique López sea incluido en la terna del Senado

29 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

Después de tres años de bloqueo, el PSOE y el PP dejaron ayer cerrado el acuerdo para la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. La clave para que esta negociación se haya desatascado es que los populares han renunciado a que el ex vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López sea su único candidato, junto al ex presidente de ese mismo órgano y del Tribunal Supremo José Hernando, para ser designado entre los cuatro que corresponde renovar al Senado.

El PSOE consideraba inelegible a López por no cumplir los requisitos previstos, y la propia Mesa del Senado rechazó su candidatura al estimar que los años que ejerció como vocal del CGPJ no computan para cumplir la exigencia de llevar al menos 15 años de profesión en activo. El Grupo Popular ha sustituido a López por el catedrático de Derecho Laboral Francisco Pérez de los Cobos. El PP seguirá proponiendo a Enrique López en el cupo que corresponde renovar al Congreso, pero deja así vía libre para que el Senado designe a dos magistrados propuestos por el PSOE, que serán los catedráticos Adela Asúa y Luis Ortega, y dos por el PP, que serán Javier Hernando y Francisco Pérez de los Cobos.

El líder del PP, Mariano Rajoy, insistió ayer en que, a su juicio, Enrique López sí cumple los requisitos exigidos, pero anunció que tras la decisión de la Mesa del Senado presentarán un recurso ante el Constitucional para que decida si es así. «Si los cumple, Enrique López será elegido magistrado por el cupo del Congreso», señaló Rajoy, confirmando que su nombre era retirado de la lista del PP en el Senado.

Nuevo plazo de listas

El empeño del Grupo Popular en mantener a López como único candidato junto a Hernando tenía bloqueada la renovación que debe concretarse en la comisión de nombramientos del Senado, que ayer propuso formalmente a Hernando, Asúa y Ortega. Ahora, la Mesa del Senado deberá abrir un nuevo plazo para que el PP presente a su nuevo candidato, que será Pérez de los Cobos. Una vez que reciba el visto bueno de la comisión de nombramientos, los cuatro deberán ser ratificados por el pleno del Senado.

Los aspirantes que figuran en la lista de cada grupo proceden de las propuestas que en su día hicieron los Parlamentos autonómicos. Pero todas las comunidades del PP se pusieron de acuerdo para presentar únicamente a Hernando y a López. Las autonomías gobernadas por el PSOE presentaron listas con candidatos distintos. Dado que la elección de los magistrados del Constitucional requiere una mayoría de tres quintos de los diputados del Senado, la renovación no es posible sin el acuerdo entre PSOE y PP.

El desbloqueo de este proceso ha tenido lugar tras intensas negociaciones entre el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, y en la que también ha participado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Detrás de este complejo proceso se esconde el cambio de orientación política de la nueva mayoría del Tribunal Constitucional que surja de la renovación. Cuando esta se consume, los populares perderían a uno de los tres que designaron en su día y pasarían a nombrar solo a dos. El PSOE, al revés, ganaría uno respecto al único que le tocó designar en el anterior proceso. El nuevo diseño del tribunal daría a los jueces considerados progresistas la mayoría de los votos.

Ese bloqueo que ha sufrido hasta ahora la renovación se explica también por los importantes asuntos sobre los que ha tenido que pronunciarse recientemente el Constitucional. El más destacado ha sido la sentencia sobre el recurso que el PP presentó contra el Estatuto de Cataluña. Los populares eran conscientes de que con una mayoría progresista la sentencia habría sido más tolerante con la mayoría de preceptos del nuevo Estatuto. El bloqueo forzó a los magistrados a negociar una sentencia que recogiera las sensibilidades de ambas partes.