La operación policial acaba con la cúpula de Ekin, que distribuía las órdenes de la banda en el mundo radical
15 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Martes negro para el denominado entorno político de ETA. Y tan solo nueve días después del anuncio de alto el fuego. En menos de doce horas, las fuerzas de seguridad y la Justicia golpearon de manera casi simultánea los dos principales pilares legales de la banda terrorista: la irredenta y montaraz Ekin, «guardiana de la ortodoxia etarra», según la definió ayer Rubalcaba, y Bateragune, el último intento de la izquierda aberzale más moderada por volver a las instituciones.
El primer golpe fue el de la Guardia Civil con la detención de nueve destacados miembros de Ekin encargados de mantener al mundo radical independentista bajo el yugo y el control de ETA con la distribución continuada de directrices y campañas de movilización, y siempre pendientes de acallar de raíz cualquier crítica de los blandos. No era, ni mucho menos, un guiño del Estado a esos posibilistas.
Cuando todavía no habían acabado los registros de esa redada, el sustituto de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, anunció que sentará en el banquillo a Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y a otros seis dirigentes más de la izquierda aberzale acusados de integración en banda armada por intentar resucitar Batasuna para concurrir a las elecciones municipales y forales del próximo año.
El estrangulamiento de la rama política etarra comenzó muy temprano, de madrugada, cuando 300 agentes, bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, se desplegaron en las tres provincias vascas, Navarra, Cantabria y Aragón a la búsqueda y captura de los nueve activistas que desde hace dos años, según Interior, venían reuniéndose en locales de asociaciones de vecinos o culturales y bibliotecas para distribuir las órdenes de ETA al entorno independentista: desde manifestaciones, protestas o movilizaciones, pasando a campañas como la orquestada contra el tren de alta velocidad, o a la elaboración de documentos con directrices políticas en nombre de la banda terrorista. La Guardia Civil ha tenido bajo control durante meses casi medio centenar de estas reuniones clandestinas.
El golpe a la «columna vertebral de la izquierda aberzale», como lo definió Interior, tenía como objetivos prioritarios dos arrestos: los de Ugaitz Elizarán y Eneko Compains, considerados los nuevos jefes del aparato legal de ETA. El primero -ya condenado a seis años de cárcel por pertenencia a Segi, hijo de etarra y hermano de Aitor Elizarán, jefe del político de ETA detenido en octubre pasado- fue capturado en Guipúzcoa. El segundo, en la localidad zaragozana de Cariñena, donde se encontraba de vacaciones. Luego vinieron el resto de las detenciones en las tres provincias vascas, Navarra, Cantabria y Aragón. Uno de los detenidos es hermano de Juan Cruz Aldasoro, histórico dirigente de Batasuna, quien se enfrentó a los agentes durante un registro en la localidad navarra de Etxarri, por lo que también terminó arrestado por desórdenes.
De forma paralela, los agentes realizaron 28 registros. Fueron allanadas las viviendas de los detenidos y locales usados por los dirigentes de Ekin para sus reuniones clandestinas.
Juicio
Unas horas después, el juez Pablo Ruz daba por concluido el sumario del caso Bateragune y lo enviaba a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para juzgar a los ocho dirigentes aberzales imputados por pertenecer a ETA, entre ellos Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga. El magistrado, como hiciera el pasado junio ya la sala al rechazar los recursos de apelación de los acusados, avala así la instrucción que hizo en su día el juez Baltasar Garzón, quien consideró que Bateragune era un órgano «dirigido y controlado por ETA» para desarrollar «los proyectos de la organización terrorista». El responsable del grupo era Otegi.