Generalizará a toda España los consejos de justicia autonómicos para satisfacer las exigencias catalanas
09 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.«Vamos a utilizar todas las vías constitucionales para aumentar el autogobierno de Cataluña». De esta forma respondió Manuel Chaves en la sesión de control del Congreso a Joan Ridao (ERC), que le preguntó si el Gobierno veía posible recuperar los aspectos del Estatuto de Cataluña «desnaturalizados» por la sentencia del Tribunal Constitucional. El vicepresidente tercero se comprometió a «desarrollar todo el potencial del texto» para que «Cataluña tenga más autogobierno, más competencias, más derechos, más instituciones».
Chaves admitió posteriormente que la sentencia del Constitucional generó «un impacto emocional y determinados sentimientos de agravio en una considerable parte de la sociedad catalana». El primer paso para aplacar esos sentimientos y desarrollar todo el potencial del Estatuto catalán fue la reunión ayer de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos, a la que asistieron, además de Chaves, las vicepresidentas Fernández de la Vega y Elena Salgado, así como los ministros de Justicia, Francisco Caamaño, y Educación, Ángel Gabilondo.
El Gobierno puso así en marcha la maquinaria de su plan de rescate del Estatuto, pactado en su día por José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla. Chaves anunció que la próxima semana se reunirá en Barcelona la comisión bilateral Gobierno-Generalitat para acordar y acelerar las transferencias a Cataluña. En ese encuentro se completará el traspaso de ayudas y becas al estudio, reclamaciones económico-administrativas en materia tributaria, más medios para la conservación de la naturaleza y determinadas obras hidráulicas.
Pero más allá de estas transferencias, en la reunión de la comisión se estudiará la forma de avanzar en el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, que prevé unas inversiones del Estado equivalentes al peso del PIB de la comunidad en el del conjunto de España.
Además, Chaves confirmó que «el Gobierno está ya estudiando una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los consejos judiciales de carácter autonómico». Se trata de uno de los aspectos previstos en el Estatuto que fueron anulados por el Tribunal Constitucional y que el Ejecutivo pretende recuperar mediante la revisión de una ley orgánica.
Es más, aunque se trata de una petición que partió inicialmente de Cataluña, la intención del Gobierno es ampliar los consejos a todas las comunidades autónomas, «preservando la unidad de la Justicia y del poder judicial».