Gurutz Larrañaga, viceconsejero con Ibarretxe, imputado en una trama de corrupción en Álava
ESPAÑA
El viceconsejero de Cultura del anterior Gobierno vasco presidido por el ex lendakari Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, se sumó ayer a las diez personas imputadas en un caso de corrupción urbanística en Álava que investiga un juzgado de Vitoria. Según desvelaron fuentes jurídicas, este es el único de los once acusados al que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración, ya que se encuentra fuera de España, y no tiene previsto regresar hasta principios de junio.
El juzgado decidió ayer levantar el secreto del sumario tras dos meses de investigación. Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV, pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se desveló que también están procesados el que fue presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de esta red, Miren Bilbao, además del ex viceconsejero Gurutz Larrañaga.
Larrañaga fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes desde julio del 2003, es decir, en la última parte de la segunda legislatura de Ibarretxe, y continuó en la Viceconsejería hasta hace un año, cuando cesó al llegar los socialistas al Ejecutivo. También fue concejal del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián entre 1991 y el 2003, encargado de Cultura y Promoción Económica.
Detenidos en marzo
Estas tres personas se suman a las arrestadas el pasado 17 de marzo, a raíz de la investigación puesta en marcha por la Fiscalía de Vitoria, entre las que destaca el ex diputado foral de Administración local y ex vicepresidente segundo de la Caja Vital, Alfredo de Miguel.
Las investigaciones desarrolladas durante los dos últimos meses han ampliado asimismo el número de delitos que se les imputan a los detenidos. Además de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se les acusa de prevaricación, malversación, falsedad documental en documentos públicos, privados o mercantiles y alteración de precios en concursos públicos. Pero estos podrían aumentar, dado que se siguen practicando diligencias de investigación.