La reforma remitida al Senado es la tercera gran modificación del texto desde 1995
30 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Congreso, tras dos meses de discusiones, aprobó ayer la reforma del Código Penal sin el apoyo del PP, que se abstuvo, y con los únicos votos en contra del PNV y Nafarroa Bai. El Gobierno superó la mayoría absoluta necesaria con el respaldo de PSOE, CiU, ERC, Coalición Canaria y UPN, y logró que IU, BNG y UPyD, muy críticos con el texto, cambiasen su no inicial por la abstención.
La reforma remitida al Senado para su aprobación definitiva es la tercera gran modificación del Código Penal desde 1995 y la número 26 con cambios parciales. Es una transformación profunda que altera más de 150 artículos y que endurece las penas para los terroristas, el crimen organizado, los agresores sexuales -de forma especial en los delitos contra menores- los corruptos, y los pequeños delincuentes reincidentes. Declara imprescriptible el asesinato terrorista, introduce nuevos delitos, y establece la libertad vigilada tras la condena para los terroristas, violadores y delincuentes peligrosos, pero no incorpora la pena de cadena perpetua, como pretendía el PP.
Traición
La abstención de los populares fue vivida por los socialistas como una traición porque habían negociado desde hace más de año y medio las principales reformas del proyecto, en el que se incluyen muchas propuestas conservadoras, y hasta la semana pasada, cuando el PP se descolgó, tenían sellado un pacto para la aprobación conjunta. Es una «absoluta deslealtad» y la demostración de que «no son de fiar», se lamentó el portavoz socialista Julio Villarrubia desde la tribuna. «España no se merece esta oposición, que solo quiere conseguir el poder como sea», añadió.
Federico Trillo justificó el cambio de voto en que el resultado final tenía «demasiados huecos y sombras», con un endurecimiento «insuficiente» de las penas para los grandes delitos y los reincidentes, al tiempo que tildó de «memeces» las pegas de inconstitucionalidad a la cadena perpetua. El PNV votó no justo por lo contrario, por ver una reforma «inasumiblemente represiva», en palabras de Emilio Olabarria.
Uno de los capítulos fundamentales de la reforma es el que busca acorralar a los corruptos, tanto del sector público como de las empresas privadas, con la ampliación y endurecimiento del abanico de delitos vinculados a estos comportamientos. Las enmiendas introducidas por socialistas, ERC, IU y PNV harán que todos los delitos de corrupción, además de con multas e inhabilitaciones, estén castigados desde ahora con penas de cárcel que pueden alcanzar hasta los seis años.
Una de las grandes novedades es el endurecimiento de las penas para las prevaricaciones urbanísticas por parte de los funcionarios.