Casas denuncia una «intolerable campaña de desprestigio» del Constitucional

La presidenta del tribunal exige respeto, porque la «crítica irracional» daña la convivencia democrática

?Agencias

La presidenta del Tribunal Constitucional estalló ayer. Después de semanas, si no meses, de soportar en silencio un auténtico aluvión de críticas, provenientes especialmente de los partidos catalanes, María Emilia Casas aprovechó la presentación de una conferencia del alcalde de Las Palmas, el socialista Jerónimo Saavedra, para exigir respeto a la institución que preside. ««Siempre he pedido respeto a la alta función que ejerce; ahora, y debido a la desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio emprendida desde ciertos sectores políticos y mediáticos, solo me cabe una vez más hacer un llamamiento al respeto a la institución», dijo.

María Emilia Casas aseguró que asume la crítica «razonada y razonable», pero no la «interesada e irracional», que pone en peligro la convivencia democrática, ya que, argumentó, solo el respeto pleno a las decisiones de las instituciones garantiza la convivencia democrática. «La lealtad constitucional constituye el criterio válido para hacer vivas las reglas de convivencia que libremente nos hemos dado», declaró.

Negociaciones en Cataluña

Los portavoces parlamentarios de los partidos catalanes se reunieron varias veces para consensuar una resolución común en defensa del Estatuto catalán con el objetivo de someterla mañana a votación en el Parlamento autonómico. Todos están de acuerdo en reafirmar en el texto la plena constitucionalidad del Estatuto, instar a la renovación inmediata de los miembros del Constitucional y reclamar la reforma de la ley orgánica del tribunal para impedir la permanencia indefinida de magistrados con el mandato caducado.

Pero la resolución encallaba en dos aspectos que CiU considera irrenunciables. Por un lado, pide que el Parlamento catalán reclame que el tribunal se declare incompetente para dictar sentencia. Miquel Iceta, portavoz del PSC, respondió que «es el tribunal el que debe opinar sobre su propia incompetencia».

La segunda discrepancia es que tanto CiU como el PSC comparten que la resolución debe trasladarse al Parlamento nacional, pero en lo que ya no están de acuerdo es dónde debía votarse la proposición, si en el Congreso o en el Senado.

El hecho no es baladí para los socialistas, ya que el PSC, en la Cámara alta, dispone de un grupo parlamentario propio, junto con ERC e ICV, y le sería más sencillo desmarcarse del PSOE en una votación sobre este tema. Sin embargo, en el Congreso, los 25 diputados del PSC comparten grupo con el PSOE y hasta la fecha no han votado nunca de forma autónoma y diferenciada. La proximidad de las elecciones desaconseja a los socialistas enfrentarse a sus compañeros, a los que les une un acuerdo de federación, circunstancia que tanto CiU como ERC quieren aprovechar para hurgar en la herida.

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