El Gobierno pide respeto a la presunción de inocencia y los sindicatos saldrán a la calle para que el país «no sufra amnesia»
ESPAÑA
Partidos políticos, sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos humanos. Las organizaciones de izquierda se unieron ayer en bloque para defender al juez que consiguió sentar al dictador chileno Augusto Pinochet en el banquillo de los acusados.
El Gobierno, de boca del ministro de Justicia, el ceense Francisco Caamaño, reiteró su confianza en el Supremo y pidió el «máximo respeto» al poder judicial en el ejercicio de sus funciones, al tiempo que recordó que cree en la presunción de inocencia «mientras no se demuestre lo contrario» de todas las personas encausadas, también cuando estas son jueces.
El diputado del PP Carlos Floriano destacó ayer al conocer la noticia que la decisión del magistrado del Supremo contra Garzón demuestra que «la ley alcanza a todos y todos nos debemos a la ley».
El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, cree que sentar a Garzón en el banquillo de los acusados es «una afrenta» a las asociaciones de defensa de la memoria histórica y a las víctimas del franquismo. Lara afeó que mientras en España «muchos chorizos» se pasean por la calle, el juez «que quiso hacer justicia» acabará enfrentado a ella.
Los sindicatos han convocado para el próximo martes 13 de abril un acto público de apoyo al juez. El secretario general de Comisiones, Ignacio Fernández Toxo, señaló que es «un escándalo que organizaciones que en Alemania estarían ilegalizadas estén a punto de sentar en el banquillo de los acusados a un juez por el hecho de intentar poner a la luz lo que sucedió después de la Guerra Civil en España», al tiempo que subrayó que «es muy importante que un país no sufra amnesia».
Amnistía Internacional consideró insólito que un juez pueda ser procesado por buscar «la verdad, la justicia y la reparación» para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, según aseguró ayer el director de la organización en España, Esteban Beltrán.