La decisión judicial llevará a la suspensión cautelar del magistrado.
07 abr 2010 . Actualizado a las 14:14 h.El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha acordado transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, de modo que éste será juzgado por prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
La resolución, que aún no está firmada, será notificada previsiblemente hoy a las partes y contra ella cabe interponer recurso de apelación, según han informado fuentes del Alto Tribunal. Por ello, ni Garzón -que se ha enterado de la noticia adelantada por la prensa digital a su llegada a la Audiencia Nacional- ni su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, tienen todavía conocimiento de la misma, han señalado a Efe fuentes jurídicas.
En el procedimiento abreviado, el instructor es competente para decidir, concluida la investigación, si el proceso finaliza en ese momento definitiva o provisionalmente con auto de sobreseimiento o si, por el contrario, continúa con el trámite de presentación de los escritos de acusación -lo que ha ocurrido en este caso- y, a la vista de ellos, abre juicio oral o archiva el caso.
En la resolución que será notificada, Varela deniega las pruebas reclamadas por el juez de la Audiencia Nacional y emplaza a las partes -la defensa, la Fiscalía y los querellantes: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS- a que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.
Garzón había reclamado que antes se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente. Entre esos testigos figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Penal del Supremo confirmó la decisión de Varela de no archivar la causa contra el juez, despejando así la vía para sentarle en el banquillo de los acusados. Varela sostiene que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar esos hechos y que «actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (...) sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España».
La decisión de Varela de transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón llevará previsiblemente a la suspensión cautelar del magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Aunque mañana está prevista una reunión de la Comisión Permanente de este órgano, inicialmente no está previsto que se trate este asunto, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
El Supremo investiga a Garzón a raíz de las querellas presentadas contra él por Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons y el juez declaró como imputado por estos hechos el pasado 9 de septiembre.
Garzón también tendrá que declarar como imputado el próximo 15 de abril en el Supremo en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
Además, en el Alto Tribunal hay una tercera causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional, ésta última por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el «caso Gürtel» y sus abogados, diligencias que han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por considerarlas «ilícitas»..