Murcia y Valencia se suman a la iniciativa madrileña de declarar de interés cultural la fiesta que Cataluña debate si prohíbe o no
06 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Enfrentó a los catalanes, luego a las comunidades autónomas y ahora a los partidos políticos. La polémica por los toros ha dejado de ser un debate entre taurinos y antitaurinos, entre defensores de los animales y aficionados a las corridas, para convertirse en el nuevo motivo de enfrentamiento político.
En solo dos días, mientras en el Parlamento catalán se debatía la abolición de las corridas, tres comunidades del PP comunicaron su intención de declarar la fiesta de los toros como bien de interés cultural: tras el anuncio de la Comunidad de Madrid el jueves, ayer se sumaron a la iniciativa Murcia y la Comunidad Valenciana. «La afición por la tauromaquia tiene en la Región de Murcia uno de sus feudos más consolidados, como ponen de manifiesto los numerosos festejos que se desarrollan en la Comunidad», afirmó la portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte.
Horas antes, en un tono que ejemplifica el tinte político que ha tomado el debate, el Gobierno valenciano justificó su decisión «en el valor que tienen las corridas de toros como seña del pueblo valenciano» y para evitar que se utilice «la fiesta nacional como un motivo más de rechazo de lo español». Así, refuerzan la idea manifestada por algunos populares de que el debate de los toros no va sobre la defensa de los animales, sino sobre la defensa del nacionalismo. Al respecto, Artur Mas, presidente de CiU, quiso dejar claro que «esta es una discusión sobre la protección de los animales, no una confrontación de Cataluña con el resto de España», tratando de quitar un matiz identitario que sin embargo no apareció hace 18 años, cuando las fiestas taurinas se abolieron en Canarias.
Críticas socialistas
El líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez, opinó que la declaración de los toros como bien de interés cultural en esta Comunidad es un intento de Esperanza Aguirre de «desviar la atención de los temas importantes». En la misma línea se manifestaron el portavoz del PSC, Miquel Iceta, que acusó al PP de exhibir «un gran oportunismo», y la secretaria de Organización del partido, Leire Pajín, que dijo que a «muchos ciudadanos» de la región «les gustaría que el Ejecutivo de Aguirre protegiera la sanidad pública y la educación del mismo modo que la fiesta de los toros». Asimismo, el Gobierno regional de Andalucía acusó al PP de estar utilizando las corridas para enfrentarse a Cataluña, mientras que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega manifestó que para el Ejecutivo de Zapatero «no es razonable que un asunto de esa naturaleza sea objeto de una polémica institucional», al tiempo que afirmaba que el Ejecutivo «respeta absolutamente» tanto la discusión de la iniciativa abolicionista en Cataluña como las de declarar los toros bien de interés cultural.
Más tajante se mostró el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien aseguró que «los dirigentes del PP que proponen esto forman parte de la España cañí, que yo pensaba que era de otro tiempo, pues lo que toca es evolucionar y avanzar». Lara explicó que su formación «no tiene una posición definida» en cuanto a esta cuestión, pero se mostró orgulloso de haber sido parte del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), el primero «que decidió sustituir la plaza de toros por un auditorio para que la gente fuera a cultivarse, a hacer folclore y potenciar la cultura». Pero para el PP, el debate abolicionista no tiene sentido: «La fiesta nacional y las corridas tienen un arraigo muy importante en nuestro país, un arraigo cultural, que es lo que son, más allá de un espectáculo público», zanjó en nombre de las comunidades la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.