«El ministro del Interior se esconde, pero tarde o temprano tendrá que venir al Congreso y deberá responder no a una, sino a muchas preguntas sobre el chivatazo a ETA». Soraya Sáenz de Santamaría avisó así a Alfredo Pérez Rubalcaba de que no se va a ir de rositas en el caso de la delación al aparato de extorsión de los terroristas que impidió una redada en mayo del 2006. El ministro no acudió al Congreso a responder las preguntas del grupo opositor porque tenía que comparecer en el Parlamento de Estrasburgo, una ausencia de la que informó con antelación.
El PP, sin embargo, no bajó el listón en su demanda de información oficial sobre la posible participación del Gobierno en el aviso que recibió Joseba Elosua, miembro del aparato financiero de ETA y propietario del bar Faisán de Irún, sobre una inminente operación de la policía contra la banda terrorista. Los populares interrogaron en tres ocasiones al ministro de Justicia sobre esta espinosa cuestión. Francisco Caamaño mantuvo el guión de respuestas precedentes: «Interferencias por parte del Gobierno, ninguna».
Queja del ministro
El diputado popular Ignacio Gil Lázaro pidió al ministro que desmintiera las informaciones sobre una supuesta oferta al juez Fernando Grande Marlaska para que enfriara la investigación sobre el chivatazo hasta que regresara Garzón, entonces de permiso especial por estudios y que era el titular del juzgado en que había recaído la causa. Caamaño situó estas afirmaciones en el apartado de «rumores y conjeturas», y lamentó que ni los jueces ni el Gobierno cuenten con instrumentos eficaces para acabar con estos chascarrillos. Acusó además al PP de abusar de la «brocha gorda» para tintar de sospechas una causa que, pese a la petición de la Fiscalía para que se archive, está sub iúdice.
A juicio del PP, el Gobierno está interfiriendo en estas pesquisas con el objetivo de evitar que se puedan pedir responsabilidades políticas si, finalmente, la Justicia encuentra a responsables penales. El diputado popular abundó en la queja por la petición de la Fiscalía para que se archive la causa, tras lo que ve la mano del Gobierno.