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El Gobierno calla sobre el proyecto catalán de veguerías, que el PP tilda de reto al Constitucional
ESPAÑA
El Gobierno catalán ha desencadenado un auténtico terremoto político en su comunidad al aprobar, de forma sorpresiva y sin consenso, un proyecto de ley que modifica radicalmente la ordenación territorial de Cataluña, lo que colisiona abiertamente con las competencias que la Constitución reserva a las comunidades autónomas. La oposición salió en tromba a criticar el proyecto, que también ha suscitado malestar en muchos municipios y ha dividido a los propios socialistas catalanes. El único que no ha reaccionado hasta el momento es el Gobierno central, que mantiene un silencio sepulcral respecto a un proyecto que hasta sus propios promotores admiten que bordea las previsiones constitucionales.
La aprobación del proyecto de ley que sustituye la actual división territorial de Cataluña en cuatro provincias por siete grandes comarcas, conocidas como veguerías, era una vieja aspiración de ERC a la que el PSC se había opuesto hasta ahora. Pero los socialistas han acabado por asumir la iniciativa de la organización independentista para acelerar el desarrollo del Estatuto catalán, en previsión de que el Tribunal Constitucional anule algunos de sus contenidos.
Desprecio
La ordenación del territorio es uno de los aspectos más controvertidos del Estatuto y que el tribunal podría obligar a modificar. Así lo entiende el vicepresidente tercero del Congreso, el popular Jorge Fernández Díaz, diputado por Barcelona, quien calificó la decisión de la Generalitat de «desprecio» y «desafío» al Constitucional. El dirigente del PP criticó que el proyecto se apruebe «cuando quedan cinco meses para que acabe la legislatura, sin consenso, sin que hubiera demanda social y con un arma que lo que pretende es alejar de las preocupaciones de la gente lo que son sus auténticas prioridades».
En parecidos términos se expresó el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, que añadió que el proyecto generará un peligroso «enfrentamiento territorial». El malestar en muchos municipios es tal que algunos, como el de Tarragona, han reclamado ya la dimisión del consejero Jordi Ausàs, responsable del proyecto.