«No parece probable que ETA tenga una base estable en Portugal»

Considera que el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania es un claro exponente de la relevancia de la amenaza terrorista yihadista


Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, estuvo el pasado fin de semana en Galicia para participar en unas jornadas sobre la persecución de la piratería en las costas somalíes, en las que disertó sobre la jurisdicción de la Audiencia Nacional en materia de justicia universal. Hoy viaja a Lisboa para acelerar la extradición a España de los etarras detenidos en Portugal.

-¿Cómo se valora la presencia de ETA en Portugal, en el contexto de la lucha antiterrorista?

-Todavía no disponemos de datos suficientes para una valoración fiable, pero no parece muy probable que pueda disponer de una base con infraestructura estable en Portugal. La hipótesis alternativa es que solo fueran de paso hacia Andalucía, una ruta que por cierto han podido utilizar en otras ocasiones. En todo caso, cuando accedamos al contenido del material informático intervenido a los dos terroristas detenidos, podremos responder a esa cuestión.

-¿Va a pedir la Fiscalía su extradición inmediata a las autoridades portuguesas?

-La Fiscalía de la Audiencia Nacional está haciendo todas las gestiones posibles con la Fiscalía General de la República para solucionar de la forma más rápida posible esta situación con un doble objetivo: por una parte, tramitar con carácter urgente una entrega temporal de ambos para finales de enero, con el objetivo de que podamos interrogarlos, examinar toda la documentación y material incautado, y acelerar la tramitación del procedimiento abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 3. Y en segundo lugar, conseguir de las autoridades judiciales de Portugal que mediante una denuncia oficial renuncien a continuar con el procedimiento en su país en beneficio de la Audiencia Nacional, la cual asumiría la investigación, persecución y juicio en España, incluso de los delitos cometidos específicamente en Portugal.

-¿Cómo ha evolucionado el riesgo del terrorismo islamista desde el juicio de los atentados del 11-M hasta la fecha?

-Las acciones terroristas que ha llevado a cabo Al Qaida en el Magreb Islámico en los últimos meses, por ejemplo el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania, son un claro exponente de la relevancia de la amenaza terrorista yihadista en este momento. Estamos asistiendo a una mayor presencia y al fortalecimiento de la capacidad operativa de las células de AQMI en una zona geográficamente más próxima a nuestro país, lo que quiere decir que el riesgo que genera esta actividad terrorista sin duda se ha incrementado. Las múltiples referencias a España en los comunicados de Al Qaida no vienen sino a confirmar esta previsión.

-¿Y la estrategia antiterrorista?

-En nada. Lo importante es continuar con la política penal de prevención de actos terroristas y seguir manteniendo el nivel de efectividad demostrado hasta ahora en la acción policial y judicial. El objetivo es impedir la ejecución de atentados, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y evitar futuras víctimas. En ello estamos trabajando, y quizás sea esta una de las razones por las que estos grupos terroristas no hayan podido llevar a cabo después del 11-M actos criminales concretos.

-Distintas voces jurídicas han calificado las recientes reformas legales sobre la aplicación del principio de justicia universal como una «bajada de pantalones» frente a los poderes fácticos exteriores (Estados Unidos, Israel). ¿Satisface esa reforma las expectativas de la Fiscalía?

-La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha limitado el alcance del principio de justicia universal, ha sido acordada por el poder legislativo, y por una amplísima mayoría parlamentaria. Por ello, al margen de opiniones personales, constituiría una falta de respeto institucional que como responsable de la Fiscalía encargada de perseguir estos delitos formulara cualquier crítica o censura por haber aprobado esa ley, o valorara las razones de esa decisión. No es esta la función del Poder Judicial, sino aplicar las leyes.

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