El fiscal general del Estado ha dicho sentirse «inmensamente satisfecho» con esa posición «firme» del Ministerio Fiscal.
15 ene 2010 . Actualizado a las 19:33 h.El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha opinado hoy que «no es imaginable» otra decisión del Tribunal Supremo respecto al archivo de la causa por las reuniones con representantes de Batasuna aunque el lendakari acusado hubiera seguido siendo Juan José Ibarretxe.
Tras ofrecer una conferencia en Bilbao, Conde-Pumpido ha valorado la actuación de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ha dicho sentirse «inmensamente satisfecho» con esa posición «firme» del Ministerio Fiscal, que «a veces fue difícil de mantener», para afirmar desde el inicio del proceso que «no había delito alguno» en la actuación del anterior lendakari, Juan José Ibarretxe, ni del actual, Patxi López.
Según ha dicho, el Supremo ha confirmado que la fiscalía «tenía razón» al sostener que la actuación de todos los implicados en la causa «puede ser valorable en el ámbito político, pero que no constituía delito alguno en el ámbito penal».
El fiscal ha descartado la «sospecha» que aseguró mantener el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, cuando dijo que, si Ibarretxe hubiera seguido como lendakari, el fallo del Supremo pudiera haber sido otro, diferente del archivo de la causa.
Para Conde-Pumpido, la resolución del Supremo «es independiente de quién sea lehendakari» y el tribunal ya había mantenido «esa misma decisión jurídica» cuando se presentó una querella contra el presidente del Gobierno por autorizar aquellos encuentros con la izquierda abertzale durante el alto el fuego de ETA y se resolvió que no había delito alguno.
«Si un presidente de una Comunidad Autónoma comete un hecho delictivo puede ser, naturalmente, sancionado» y, por tanto, inhabilitado para el cargo, ha afirmado.
Conde-Pumpido ha explicado que él mismo participó como magistrado del Supremo en tres sentencias condenatorias a los, en su momento, presidentes de Cantabria -Juan Hormaechea-, Navarra -Gabriel Urralburu- y Melilla -Ignacio Velázquez- y que así se demuestra, ha indicado el fiscal general, que «todos los presidentes están sometidos a la Ley».
Ha recordado que «en este momento hay otro presidente de Comunidad Autónoma acusado por el ministerio público», en referencia al valenciano Francisco Camps.
Según ha opinado el fiscal general del Estado, la violencia de ETA es «incompatible con las urnas» y así, para que la izquierda abertzale pueda volver a participar en la vida política, tendría que ocurrir que «ETA abandonase las armas» o que «Batasuna abandonase a ETA».
Ha coincidido con la tesis del ministro del Interior de que ETA volverá a intentar nuevos atentados y ha valorado que Alfredo Pérez Rubalcaba hiciera públicas las informaciones detalladas sobre posibles objetivos de la banda, ya que «en ocasiones -ha estimado- es conveniente que ellos sepan que nosotros sabemos», pero, «es indudable que el riesgo es permanente y sigue estando ahí», ha sentenciado.
También ha destacado que, tras la detención de dos presuntos miembros de ETA en Portugal, la coordinación con la fiscalía lusa «es permanente y excelente» para avanzar hacia una entrega de los arrestados a las autoridades españolas para su enjuiciamiento.
Ha subrayado la lucha contra la corrupción política desarrollada por la fiscalía, para identificar a delincuentes independientemente del partido al que representen y, por ello, ha pedido que no se pongan «zancadillas» a esas investigaciones ni se contabilicen, de manera «irresponsable», «cuántos corruptos tiene el adversario y cuántos son propios».