Vich reitera la negativa a empadronar a inmigrantes sin papeles, pero aplaza su aplicación hasta febrero
ESPAÑA
El alcalde de Vich seguirá adelante con su polémica decisión de negar el padrón a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. El ayuntamiento de la población barcelonesa celebró ayer un pleno municipal, en el que el alcalde, Josep María Vila d'Abadal, de CiU, insistió en defender la legalidad de la medida, a pesar del rechazo que ha recibido desde el Gobierno central, los sindicatos y las organizaciones sociales y cívicas.
Vila d'Abadal, no obstante, anunció que los nuevos criterios de empadronamiento de inmigrantes, que deberán estar en situación legal y con permiso de residencia para inscribirse en el municipio catalán, no se aplicarán hasta el 4 de febrero. Un día antes, el consistorio celebrará un nuevo pleno, en el que podrían introducirse cambios en el controvertido proyecto, tachado de ilegal e incluso xenófobo. El alcalde dijo, en cambio, que pone orden, avanza en la integración de la inmigración y pone a las personas inmigradas dentro de la comunidad.
Dudas en el PSC
Hasta la fecha, el acuerdo entre las tres formaciones que forman el equipo de gobierno de Vich, CiU, ERC y PSC, es total, si bien ayer el portavoz de los socialistas, Josep Burgayó, dejó entrever un cierto distanciamiento. «Si una instancia superior al ayuntamiento determina que la medida es ilegal, estamos dispuestos a retirarla», dijo.
Quien no lo hará es Josep Anglada, concejal de la Plataforma per Catalunya (PxC), formación de ultraderecha y que es la segunda fuerza por número de votos y ediles, cuatro, en el municipio catalán de Vich.
«Esta medida la celebramos porque nosotros lo hemos dicho siempre, los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a ningún tipo de ayuda social, ya sea sanitaria o de escolarización», señaló Josep Anglada. Y concluyó: «Porque la inmigración ilegal no nos aporta nada bueno ni a nuestra ciudad ni a nuestro país. Al contrario, el inmigrante ilegal nos aporta más gasto social y más delincuencia en las calles».
El Ministerio de Justicia anunció que reclamará un informe a la Abogacía del Estado para que determine si la medida de negar el padrón a los inmigrantes que se encuentran en situación irregulares es legal o no.