El juez Andreu investigará una matanza en Irak a pesar de la limitación a la justicia universal

En las recientes limitaciones introducidas por el Gobierno el tribunal solo es competente para investigar las causas en las que existan intereses españoles.


Pese a las recientes limitaciones introducidas por el Gobierno en el principio de justicia universal, según las cuales el tribunal solo es competente para investigar aquellas causas en las que existan intereses españoles, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado a las autoridades iraquíes que le informen de si ya han tramitado algún proceso para investigar una matanza acaecida en un campo de refugiados el pasado julio, en la que fallecieron 11 inmigrantes iraníes, otros 480 resultaron heridos graves y 36 fueron detenidos tras una operación dirigida por las fuerzas de seguridad iraquíes.

La petición del juez Andreu es previa a la apertura de una investigación sobre los hechos en la Audiencia Nacional, después de la querella interpuesta por dos ciudadanos iraníes por un presunto delito contra la comunidad internacional y violación del Convenio de Ginebra relativo a las personas civiles en tiempos de guerra, ratificado por España e Irak en 1977.

Desoye a la Fiscalía

El juez Andreu desoyó la petición de archivo formulada por la Fiscalía y decidió continuar con la tramitación de la querella. Para Andreu, «no existe constancia» de que exista una investigación abierta en Irak, tal y como defiende la Fiscalía.

Sin embargo, a pesar de la limitación a la ley de justicia universal, el Convenio de Ginebra ampara la competencia de la jurisdicción española en este caso. Ahora bien, el juez alega en el auto que hay que esperar a conocer si las autoridades iraquíes han renunciado a juzgar los presuntos delitos para poder abrir una investigación.

Los hechos se produjeron en el campo de refugiados de Ashraf el 28 y 29 de julio de este año. Unos 2.000 soldados, policías y efectivos antidisturbios asaltaron el campo en «una acción deliberada y planificada bajo el mando del teniente general Abdol Hossein Al Shemmari», contra quien se dirige la acción penal. Todas las víctimas eran inmigrantes iraníes que cruzaron la frontera al estar perseguidos por el Régimen de los Ayatolás. Una resolución del Parlamento Europeo había solicitado meses antes al Gobierno iraquí su especial protección para estos refugiados.

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