Hace ahora 20 años se pincharon en Galicia más de un centenar de teléfonos en el marco de la investigación que dio pie a la histórica operación Nécora. Los recuerdos, las anécdotas, las estratagemas para identificar los teléfonos utilizados por los investigados y, sobre todo, el esfuerzo sobrehumano que supuso procesar tal volumen de información grabada en bobinas Uher, luego copiada en cintas casete, más manejables para su transcripción mecanográfica, siguen vivos en la memoria de los agentes que protagonizaron aquellas investigaciones. Ese mismo trabajo en la era de la telefonía móvil digital sería imposible con los medios técnicos de entonces,
Por eso, en el año 2001, el Gobierno de José María Aznar, siendo ministro del Interior Mariano Rajoy, firmó el contrato de compra del sistema Sitel, diseñado por una empresa danesa especializada en soluciones informáticas y de telecomunicaciones para las fuerzas policiales. El precio acordado fueron 9.825.975 euros. La fecha de entrega era el 31 de marzo del 2003. Dos sucesivos aplazamientos alargaron el plazo, primero hasta el 30 de septiembre del 2003 y después hasta el 30 de noviembre de ese año. La razón de los retrasos fue que las operadoras de red no habían instalado los correspondientes sistemas de interceptación en sus redes. Ambos aplazamientos fueron firmados por Dolores de Cospedal como subsecretaria de Interior.
Un sistema similar lo usan las policías autonómicas vasca y catalana, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque lo que utilizan estos dos últimos son de fabricación israelí.
Sitel se estrenó en febrero del 2004 en una operación antidroga en Galicia, siendo ministro del Interior Ángel Acebes y José Antonio Vázquez Taín el responsable judicial de la investigación.
¿En qué situaciones se utiliza el sistema? Siempre que la investigación requiera intervenciones telefónicas y un juez las autorice. Obviamente, ha de tratarse de delitos graves, según determinan los protocolos marcados por la jurisprudencia.
Controles
Un experto policial que tiene acceso al sistema explicó a La Voz que es imposible intervenir un teléfono sin una orden judicial que permita a la operadora dar acceso a su sistema. Una vez autorizada la intervención, los agentes policiales habilitados, que acceden a Sitel con su número de carné profesional y con unos controles auditables, son los únicos habilitados para exportar judicialmente la información grabada en el sistema a un deuvedé, «sin posibilidad de cortar o pegar nada».
La información original queda almacenada en un ordenador central al que solo puede tener acceso un juez. Las copias que luego se hagan de ese deuvedé ya es harina de otro costal.