El alto tribunal solicitó a la Audiencia Nacional las normas de reparto para investigar las competencias del juez
17 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Lejos de archivarse, la causa que se instruye en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por supuesta prevaricación en el sumario de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo se reactivó ayer con la incorporación de nuevas pruebas a la investigación. ?El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella solicitó las normas de reparto de la Audiencia Nacional para comprobar en qué circunstancias asumió el magistrado la competencia para investigar estas causas.
El instructor Luciano Varela accedió así a la petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que junto a la asociación Libertad e Identidad interpuso la querella contra Garzón. Varela justifica su decisión de reclamar las normas de reparto diciendo que servirán para comprobar «la circunstancia en que el querellado llegó a asumir la competencia para la tramitación de la causa en que dictó las resoluciones objeto de las querellas». Para ello, el instructor pidió además una copia de la «nota de presentación a reparto» de las denuncias o querellas sometidas al mismo turno de reparto que la referida a las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, y otra de «la diligencia de reparto» de las que fueron presentadas durante los tres meses anteriores a esta.
Fusilamientos
El magistrado del Supremo también admitió incluir en la querella las alegaciones y las resoluciones que el juez archivó a finales de los noventa contra el ex líder comunista Santiago Carillo por los fusilamientos en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama durante la Guerra Civil. En este paraje, los republicanos ejecutaron a cientos de personas simpatizantes de la causa franquista.
En cambio, rechazó incluir la conferencia pronunciada por el juez en Colombia en junio del 2008, en la que defendió que «iba a ir para adelante» en su instrucción de los crímenes perpetrados por el franquismo en la Guerra Civil y en la dictadura. En esa conferencia, Garzón criticó la Convención de la ONU sobre Desaparición Forzada de Personas, y lamentó que no contemplara la imprescriptibilidad del delito y no prohibiera la amnistía de los criminales.
Varela rechazó además pronunciarse sobre la petición de archivar la causa, planteada por la defensa de Garzón, al entender que este no es el «momento procesal oportuno» para realizar esta solicitud.
El caso de los cobros
Los abogados que denunciaron al juez Baltasar Garzón por los ingresos que recibió durante un permiso académico en la Universidad de Nueva York, entre el 2005 y el 2006, han pedido al Tribunal Supremo que anule el archivo de la investigación que acordó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 2 de julio. Los abogados argumentan que el archivo del caso sin la práctica de diligencias es una «burla o pantomima» de la sentencia dictada por la propia Sala de lo Contencioso del Supremo, que había dejado sin efecto el archivo de una primera denuncia presentada contra el juez.