Astrit Bushi se encontraba detenido ayer en la comisaría de policía de Lac, donde fue interrogado, y posteriormente tenía que pasar a disposición de la Fiscalía, según explicó el embajador de España en Albania, Manuel Montobbio. Este recordó que sobre el capo albanés pesan diferentes causas en su país. Una de ellas es un juicio por el asesinato de un policía en el 2001, «causa que, sin duda, tendrá que ser juzgada en este país», recordó el diplomático español.
Respecto a las más de treinta que tiene en España -la mayoría de ellas por asaltos a viviendas en los entornos de Madrid, Toledo y Valencia-, Montobbio señaló que será preciso articular una fórmula para que todos los asuntos pendientes en ambos países puedan desarrollarse paulatinamente.
En abril del 2007, un tribunal albanés condenó a Bushi en ausencia a dos años y seis meses de prisión por posesión ilegal de armas y falsificación de documentos estatales. Además, la Justicia de su país lo procesó por la muerte en el 2001 de un policía, pero el juicio se suspendió antes de que se dictara sentencia, aunque ahora se ha reabierto el caso.
Astrit Bushi, que había sido detenido en España en noviembre del 2008 después de haber participado supuestamente en el asalto al chalé de José Luis Moreno el 20 de diciembre del 2007, quedó en libertad por un error el pasado 2 de abril, tras comparecer ante un juez de Alcobendas (Comunidad de Madrid) que investigaba su relación con otro asalto con violencia perpetrado en el barrio madrileño de la Moraleja.
Su liberación generó una fuerte polémica por la peligrosidad del delincuente y el fallo de coordinación entre el juez y los policías que lo custodiaban. Tras la declaración, el magistrado acordó ponerlo en libertad por entender que no tenía relación directa con el segundo asalto del que se le acusaba. Desde el juzgado se entregó el auto de libertad a los dos policías que lo custodiaban (ambos llevaban poco tiempo en el cuerpo).
Al parecer, los agentes decidieron quitarle las esposas y dejarlo marchar. Pese a la libertad, el juez fijaba la obligatoriedad para el detenido de comparecer cada 15 días en un juzgado.
Los agentes debían haber entregado al mafioso y el auto dictado por el juez a la patrulla de la Guardia Civil que lo sacó de prisión, para reintegrarlo a la cárcel. Pero no lo hicieron. Esto provocó toda una serie de declaraciones en los que el poder judicial acusaba del fallo a los policías y los sindicatos policiales le imputaban el error al magistrado.
Esta situación provocó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior abrieran respectivas investigaciones para aclarar lo ocurrido con el mafioso albanés. Y todos exculparon a sus subordinados.