Acuerdo casi unánime en el Congreso de los Diputados para modernizar y agilizar la Justicia

Alfonso Torices

ESPAÑA

27 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El Congreso alcanzó ayer un acuerdo casi unánime para aprobar la ley que va a modernizar y a agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles. Se trata del primer gran pacto parlamentario para la mejora de la Justicia que se consigue en al menos los últimos veinte años. Todos los grupos políticos, de izquierda a derecha, incluidos los nacionalistas, firmaron ayer el bloque de enmiendas que en las próximas semanas se incorpora al proyecto de ley de nueva oficina judicial, antes de que lo apruebe de manera definitiva el pleno del Congreso. De forma adicional, varios grupos han presentado sus propias enmiendas de matiz a otros aspectos de la norma. En el bloque de cambios conjunto solo hay dos discrepancias conocidas. Una, la oposición de IU-ICV a la enmienda que acotará los límites para que los tribunales españoles puedan investigar delitos ocurridos en el extranjero, en aplicación de la justicia universal. Otra, el rechazo de los nacionalistas a la disposición que establece que los particulares estarán obligados a depositar una fianza si quieren recurrir cualquier resolución judicial. Los nacionalistas no se oponen al establecimiento de la fianza, que busca reducir la gran cantidad de recursos inútiles o en fraude de ley, lo que se oponen es a que el Gobierno se quede con parte de estos ingresos cuando las competencias de Justicia están transferidas a las comunidades autónomas.

Las enmiendas presentadas al proyecto de ley, que incorporan al texto buena parte de las reivindicaciones negociadas desde hace semanas con los colectivos de la Justicia, han sido bendecidas ayer por los responsables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Cambios en el 2010

El amplio acuerdo político sobre el contenido de la ley permitirá que los trámites para su aprobación por el Congreso se aceleren. No obstante, la cercanía del verano hará imposible que el Senado pueda aprobar la reforma legal en este período de sesiones, que termina el 30 junio, por lo que su publicación en el BOE no tendrá lugar hasta el otoño. Los cambios establecidos en la ley no podrán aplicarse hasta el 2010, ya que las dificultades organizativas y de puesta en práctica obligarán, probablemente, a que la entrada en vigor se haga efectiva meses después de su aprobación parlamentaria.