La jurisdicción universal de la Audiencia Nacional no se la han sacado de la manga los jueces mediáticos. Está respaldada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que abre la puerta a que se juzguen aquí determinados delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. El pionero en la utilización de este recurso legal fue el juez Garzón al ordenar la detención de Pinochet en Londres. Su extradición a España no se consumó, pero sentó un precedente.
Desde entonces, en la Audiencia Nacional entraron más de una veintena de querellas y demandas al amparo del principio de la jurisdicción universal. Siete de ellas, que afectaban a seis países -Argentina, Cuba, Guinea Ecuatorial, Perú, Colombia y México-, son casos cerrados, y, solo uno -el de Adolfo Scilingo- acabó en una condena firme en el 2007.
En la actualidad siguen abiertas 14 causas que tramitan cinco de los seis juzgados de la Audiencia Nacional. El más emblemático es el caso Guatemala, abierto tras la denuncia de Rigoberta Menchú por genocidio, que sirvió de base al Constitucional para hacer extensivo el principio de justicia universal a casos que no afectan a españoles. El reparto por jueces es el siguiente:
Se encarga de dos querellas presentadas contra las autoridades chinas por genocidio y torturas contra simpatizantes de la organización Falun Gong, de otra presentada en el 2005 por la represión en el Tíbet a finales de los ochenta y también del genocidio nazi con víctimas españolas y de los vuelos de la CIA. Santiago Pedraz. Se encarga del caso Guatemala, del caso Couso y del de la represión en el Tíbet el año pasado. Fernando Andreu. Se ocupa de los casos Ruanda, Gaza y Pertur. Eloy Velasco. Querella contra los arquitectos jurídicos de Guantánamo y el caso de los jesuitas asesinados en El Salvador.
Denuncia por torturas en Guantánamo y el caso Sáhara.