Los sindicatos presentaron una querella contra el fiscal general por acusarles de no colaborar contra ETA.

Colpisa

ESPAÑA

Los sindicatos SUP, CEP, SPP y UFP consideran que el ataque de Conde-Pumpido no fue por un mero «error procedimental» en un hecho concreto.

28 abr 2009 . Actualizado a las 19:55 h.

Los sindicatos policiales presentaron hoy la anunciada querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ante el Tribunal Supremo. Los cuatro colectivos le acusan de un delito de injurias y calumnias «con publicidad» después de las declaraciones en las que se quejaba de que la Policía Nacional no colaboraba con el Ministerio Público en la lucha contra el entorno político de ETA. Un comentario que, a su juicio, debería de rectificar y pedir perdón de forma pública o, en caso contrario, dejarán que la querella prospere.

Los sindicatos SUP, CEP, SPP y UFP entienden que el ataque de Conde-Pumpido a la fuerzas de seguridad no fue por un mero «error procedimental» en un hecho concreto. Una versión que entonces sirvió de 'apagafuegos' tanto para el fiscal general como para el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.

Entre otros motivos, alegan, porque «semanas antes» de la impugnación de las listas de Askatasuna y D3M hubo una reunión entre la fiscalía, policía y juez instructor de la Audiencia Nacional (Baltasar Garzón) en el que se acordó el procedimiento que se llevaría a cabo. Se aprobó que fuera éste último el destinatario de los informes policiales y que él diera traslado, en su caso, a la fiscalía del Tribunal Supremo.

Los representantes sindicales recuerdan que no es la primera vez que Conde-Pumpido les ataca y le acusaron de «animadversión» personal. Entre otros episodios mencionaron la ofensiva del fiscal general contra la policía por la fuga de uno de los agresores del productor José Luis Moreno y hace dos años por la puesta en libertad errónea de unos atracadores.

Asimismo, aprovecharon la ocasión para lanzar una pulla a los responsables políticos y policiales del Ministerio del Interior, a los que culparon de «pasividad» pos sus silencios en la polémica. Por ello, exigen a Francisco Javier Velázquez una rectificación inmediata durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Policía que se celebrará este miércoles. «Si no se produce, entenderemos nosotros también que estaría igualmente inhabilitado para dirigir la Policía», indicaron.