La financiación autonómica aflora las discrepancias en el Gobierno catalán

ERC reconoce que el Ministerio de Economía ha mejorado las cifras que reveló el jueves Joan Saura, de ICV


Los partidos políticos se enzarzaron ayer en una batalla sobre las cifras de la propuesta que el Gobierno ha presentado a Cataluña derivadas del nuevo modelo de financiación autonómica. Unas cantidades reveladas el jueves por el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, pero que no fueron avaladas ayer por el Gobierno. De hecho, Joan Ridao, secretario general del ERC, uno de los integrantes del Ejecutivo catalán, reconoció que el Ministerio de Economía había mejorado los 1.200 millones que ofrecía para el primer año (que elevaba a 1.600 el segundo, y a 2.000 el tercero), pese a lo cual señaló que la oferta sigue siendo insuficiente.

En cambio, los otros dos partidos miembros del Gobierno catalán, PSC e ICV, avalaron las cifras desveladas por Joan Saura y justificaron que se dieran a conocer para que los ciudadanos entiendan la postura del Gobierno catalán. Jordi Guillot, de Iniciativa per Catalunya, recordó que Saura es el número tres del Gobierno, y Miquel Iceta, portavoz del PSC, precisó que el consejero hablaba en nombre del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno central está a la espera de que Alberto Núñez Feijoo tome posesión como presidente de la Xunta, a principios de abril, para retomar los contactos con los Ejecutivos autonómicos y negociar los últimos flecos de lo que debería ser el nuevo sistema de financiación autonómica.

En tiempo razonable

José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer en Bruselas, tras la reunión del Consejo Europeo, que el acuerdo llegará «en tiempo razonable» y negó que vaya a mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, José Montilla, para desbloquear la negociación, ya que, según dijo, mantiene conversaciones frecuentes con él y se está «avanzando para llegar a un acuerdo».

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tampoco quiso dar mayor importancia al rechazo hecho público por los representantes de la Generalitat a la última propuesta de financiación que les había presentado el Ministerio de Economía. La vicepresidenta descartó paralizar la negociación o excluir del acuerdo final a alguna comunidad como Cataluña y dijo que el Ejecutivo quiere una reforma consensuada del actual sistema, que sea aceptada por todos y que también sea buena para todos.

Pese a las dificultades actuales, dijo que «se ha avanzado mucho», que se está «ante el final del trayecto» y que está convencida de que a corto plazo «habrá acuerdo» y que, además, dibujará un sistema que dará satisfacción a todas las comunidades.

Pero las disputas no se limitan al entorno de los partidos catalanes y de estos con el Gobierno central. También en el Partido Popular hay posiciones diferentes. Los populares catalanes se han sumado a la postura general de las formaciones de la comunidad y calificaron de insuficiente la oferta del Gobierno central. En cambio, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, calificó de «atentado» el modelo de financiación autonómica propuesto por Cataluña. Arenas criticó también que el Estatuto catalán «no habla a España como si fuera parte de España, sino de tú a tú, como si fuera una nación distinta».

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