El Gobierno confía en que la aprobación del sistema le facilite unas nuevas alianzas antes del verano


José Luis Rodríguez Zapatero necesita que la financiación autonómica se resuelva cuanto antes, y que se resuelva bien. El deseo de que el nuevo acuerdo esté cerrado tan pronto como lo permita la constitución del nuevo Gobierno gallego obedece a un objetivo: acabar con la sensación, cada vez más extendida en las filas del PSOE, de que el Ejecutivo central está abocado sin remedio a la parálisis en todos los frentes que requieren de consenso, y despejar el camino a futuras alianzas parlamentarias que garanticen una mínima gobernabilidad.

Con CiU y el PNV dispuestos a hacer pagar a Rodríguez Zapatero su expulsión del poder en Cataluña y el País Vasco pese a ser las fuerzas más votadas, las miradas del PSOE se han vuelto hacia una dirección a la que muchos en el partido habrían querido no tener que recurrir. Sobre todo, después del infausto recuerdo que la amistad con los independentistas de ERC dejó en los sectores más jacobinos del partido. El PP ha sacado el debate político del terreno del «España se rompe», y eso facilita mucho las cosas.

Sentencia del Estatuto

Los socialistas cuentan con que antes del verano, pero después de las elecciones europeas, el Tribunal Constitucional logrará resolver el recurso presentado por el principal partido de la oposición contra del Estatuto de Cataluña, y que lo hará con una sentencia que, más que anular artículos, acote su interpretación y fije criterios legales de actuación.

Por las mismas fechas ya se habrá celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe dar el visto bueno al nuevo modelo de financiación autonómica. «Si es así, podremos afrontar la negociación de Presupuestos con otro espíritu», dice un miembro de la dirección del grupo parlamentario. Pero las cosas no son tan sencillas.

Pese a todo, los socialistas entienden que el asunto acabará por resolverse. Lo inquietante es, a sus ojos, lo que después ocurra en el Congreso de los Diputados. Porque para que el nuevo modelo se ponga en práctica es necesario modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y para hacerlo es preciso contar con la mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados.

Está por ver la posición del PP (153 parlamentarios), pero parece seguro que CiU no se sumará (10) y el PNV tenderá a ser solidario con la coalición catalana (6). Es vital, pues, que ERC quede contenta, porque sus 3 escaños, más los dos de IU y los 2 del BNG son la combinación que salvaría la reforma. Aunque no es fácil.

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