¿Es lógico que personas que nunca han puesto un pie en España decidan quién gobierna en un pueblo de Andalucía o Galicia? La pregunta está en boca de muchos dirigentes políticos, pero hasta ahora nadie se ha atrevido a presentar en el Congreso una propuesta formal para acabar con el sinsentido. La dirección del PSOE está dispuesta a lanzar la primera piedra. Considera que ha llegado el momento de plantear la cuestión en la subcomisión para la reforma de la ley electoral que debe discutir sobre cómo se articulará su promesa de permitir a los inmigrantes votar en los comicios locales.
Los socialistas, que han pretendido hacer de la «extensión de derechos» la seña de identidad de Zapatero, deben vencer ciertas resistencias para atreverse a abanderar una medida que derogará un derecho consolidado, vigente desde los albores de la democracia. Pero entre los defensores de este recorte se encuentra José Blanco, gallego especialmente sensible a la incidencia que el voto de los llamados residentes ausentes tiene en los comicios locales. En Galicia suponen el 12,7% del censo electoral, y en el conjunto de España el 3,4%, cifra que pronto podría duplicarse.
La «ley de nietos» aprobada en diciembre ha abierto las puertas a la adquisición de la nacionalidad española a más de un millón de descendientes de emigrantes y exiliados españoles. Una vez sean reconocidos como españoles tendrán que elegir una provincia y un municipio de inscripción en España (en principio, donde residieron por última vez sus ascendientes o aquellos que consideren de mayor arraigo). Actualmente, el 60% de la colonia española en el extranjero es de Madrid, Barcelona, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Tenerife y Asturias.
Apoyo a los planteamientos
El PP comparte los planteamientos del PSOE, así como el PNV, cuyo portavoz en la subcomisión, Aitor Esteban, ha sido especialmente beligerante al respecto. La dirección del PSOE defiende que la situación es idónea para abordar el tema porque tras las europeas se abrirá un período de dos años sin procesos electorales de ámbito nacional hasta las municipales del 2011, y eso hará más fácil el entendimiento entre partidos. El Consejo de Estado, que acaba de remitir al Gobierno un informe de 400 páginas sobre las propuestas de reforma electoral, avala además sus planteamientos.
El órgano asesor deja claro que la Constitución no reconoce el derecho de los españoles residentes en el extranjero a votar en comicios locales y que, en cambio, especifica que corresponde a los «vecinos del municipio» elegir concejales. La legislación española atribuye la vecindad a este colectivo, pero, a su juicio, lo hace «artificiosamente». Aunque los españoles tienen derecho a participar en los asuntos públicos, el Consejo de Estado entiende que los locales «se sitúan en un nivel distinto del resto de los comicios, a los que puede atribuirse un carácter político» y que, al ser entidades «genuinamente corporativas», lo razonable es que sean sus habitantes quienes lo organicen.
Es la misma lógica por la que se pretende que los inmigrantes voten en las próximas municipales. En su informe, el órgano subraya que la Constitución y la Ley de Bases del Régimen Local vinculan el concepto de vecindad al de residencia. En todo caso, recomienda limitar la extensión del derecho de sufragio a los extranjeros al sufragio activo, pero no al pasivo; es decir, avala que puedan elegir representantes, pero pone pegas a que puedan desempeñar un cargo público. Como requisito, propone exigir una residencia mínima de cinco años, o dos para los ciudadanos de países iberoamericanos o que hayan tenido una especial vinculación con España como Guinea Ecuatorial, Filipinas, Andorra o Portugal.