CiU denuncia al tripartito por la contratación irregular de informes externos de dudosa utilidad

Efe

ESPAÑA

26 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, acusó ayer al Gobierno de la Generalitat de «contratación irregular de servicios profesionales» a través del pago de informes y estudios externos de dudosa utilidad.

Pujol explicó que varios de los autores de esos informes han reconocido que jamás fueron contratados para elaborar los informes en cuestión, por lo que CiU desea «investigar» estos casos para demostrar que «el Gobierno ha procedido de manera irregular a la contratación de servicios profesionales».

La hipótesis es que esas personas primero cobraron una cantidad sin haber elaborado ningún informe y, posteriormente, se les instó a escribir unos folios para justificar dicho pago. «Bajo la falsa protección de informes y estudios técnicos, se están contratando servicios profesionales de forma irregular», insistió.

Detalles del expediente

CiU piensa pedir a los departamentos implicados «el detalle del expediente administrativo que documenta el encargo de esos informes y todas las órdenes de pago». «La mayor parte de esta gente manifiesta haber cobrado y, a posteriori, haber sido reclamada por parte de algunos departamentos para que escribiesen algo para justificar la historia», afirmó. Pujol destacó que el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, ha instado al Gobierno de la Generalitat a remitir a CiU copia de los informes externos encargados por el departamento de la Presidencia, solicitada por el diputado de la federación nacionalista Jordi Turull.

Por otra parte, Oriol Pujol, denunció ayer que el Gobierno español ha acumulado un impago de 2.700 millones de euros de inversión en infraestructuras, que debería haber recibido Cataluña desde el 2007 para cumplir al Estatuto. Pujol negó que con el acuerdo alcanzado ayer entre el Estado y la Generalitat para destinar 800 millones más en infraestructuras para Cataluña en el 2009 se esté cumpliendo la disposición adicional tercera del Estatuto, referida a inversiones en infraestructuras.