Los vínculos de Francisco Correa, principal responsable de la trama, con los ayuntamientos madrileños han provocado tres dimisiones en la Comunidad de Madrid. Pero todo indica que el siguiente terremoto se registrará en la Comunidad Valenciana, en donde el último de los detenidos, Álvaro Pérez Alonso, se movía como pez en el agua.
La discreción no ha sido nunca una de las virtudes de este empresario, apodado el Bigotes, que pasó de coquetear políticamente con el clan de Becerril liderado por Alejandro Agag, yerno de Aznar, a hacerse multimillonario a costa del PP. No fue solo uno de los invitados más llamativos a la boda de Agag, con su gomina, sus rizos en la nuca y su eterno puro, sino que fue el responsable de la organización de toda la ceremonia, convertida casi en un acto de Estado en El Escorial.
Cuando en el 2004 Mariano Rajoy cortó el grifo de las contrataciones a Special Events tras la denuncias por irregularidades, este estrecho colaborador de Correa se trasladó a Valencia para repetir allí el lucrativo negocio que la trama había desarrollado en Madrid. Había perdido la protección que Aznar le dio en el PP, pero le bastó con crear una nueva empresa, llamada Orange Market, y clonar el esquema: adjudicación de todos los eventos del PP a cambio, supuestamente, de jugosas comisiones. Pérez ya contaba con experiencia en la zona, labrada en la época de Eduardo Zaplana.
Pérez Alonso mantiene hilo directo con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. A pesar de que Orange Market cuenta solo con cinco trabajadores en su plantilla, la firma se lleva la mayoría de los contratos por organización de eventos relacionados con el PP y la Generalitat valencianos. Ahora, Garzón ha pedido a la Consejería de Turismo, gestionada por Angélica Such, información sobre los contratos con Orange Market. Entre otros, algunos tan recientes como el que supuso la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur 2009 por valor de 915.000 euros. La Generalitat ha reconocido que la de Pérez Alonso era la oferta más cara, a pesar de lo cual ganó el concurso.
Aunque desde la Generalitat se aseguraba hasta ahora que todo estaba en regla y que Pérez Alonso era una persona seria, a diferencia de los métodos chulescos de Francisco Correa, su detención ha encendido la alarma en Valencia. Ayer, el PP de esta comunidad anunció que revisará sus reglamentos de contratación para «evitar que, por circunstancias ajenas al PP, ocurran cosas como estas». El entorno del presidente valenciano, Francisco Camps, rechaza por ahora dimisiones como las de Madrid. Pero en Génova no se descarta, porque el propio Rajoy le ha exigido que corte cabezas si hay algún implicado.