El lendakari advierte de que habrá una reapertura de todo el proceso judicial cuando interese políticamente
13 ene 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó ayer, con el voto en contra de su presidente, el proceso abierto contra el lendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, y cinco responsables de Batasuna con su portavoz Arnaldo Otegi al frente, por las reuniones que mantuvieron durante el fallido proceso de paz intentado en el 2006 durante la tregua de ETA. Pese a que los imputados no ocultaron su satisfacción e hicieron votos contra la judicialización de la política y la criminalización del diálogo político, el lendakari mostró sus dudas sobre resultado final del proceso y auguró una reapertura de la causa por parte del Tribunal Supremo cuando «políticamente interese más».
La sala no entra a valorar la legalidad de aquellos encuentros con una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo, sino que asume el criterio fijado por ese tribunal en el caso Botín y concluye que no hay «acusación legítima» para seguir adelante con el juicio que empezó el pasado jueves porque la Fiscalía no presentó cargo alguno al entender que no hubo delito, no existió tampoco acusación particular ejercida por posibles perjudicados directos por las reuniones y el caso respondía solo a la acusación popular defendida por el Foro de Ermua y la plataforma Dignidad y Justicia.
Aunque los imputados respiraron aliviados al verse libres del banquillo, el lendakari no ocultó sus dudas sobre el recorrido final del caso.
Un «sinsentido jurídico»
Ibarretxe expresó su satisfacción porque se haya puesto fin a un «sinsentido jurídico y político que estaba persiguiendo el diálogo y la búsqueda de soluciones para este país» a través de un juicio «con claro impulso político», y denunció la «politización de la Justicia», de la que responsabilizó, entre otros, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, que instruyó la causa y al que atribuyó lo que considera «un despropósito antijurídico».