La incapacidad para llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica ha puesto en jaque los lazos entre PSOE y PSC. El partido catalán garantizó ayer que sus diputados votarán con el resto del Grupo Socialista en el Congreso para salvar los Presupuestos Generales del Estado, pero avisó de que si antes del día 31 no hay un nuevo sistema para la distribución de los recursos económicos la relación con el partido que dirige José Luis Rodríguez Zapatero se resentirá y «no volverá a ser como antes». La secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, restó trascendencia a la advertencia y aseguró que no existen «amenazas» entre los partidos hermanos. Pero también intentó rebajar tensiones con la promesa de que en los próximos días habrá «avances significativos» en la negociación.
La poco ordinaria decisión de fijar en el Estatuto de Cataluña un plazo tope para modificar el sistema de financiación del 2001 ha acabado convirtiéndose en una espada de Damocles sobre el Gobierno y la Generalitat. A la obligación de cumplir un compromiso con sus electores, el presidente catalán, José Montilla, suma además la presión del primer partido de la oposición, Convergència i Unió, y de sus propios socios en el tripartito, ERC e ICV. Hasta ahora, sin embargo, ha sacado la cabeza mientras navegaba entre dos aguas: la lealtad al PSOE y el tono exigente. El texto aprobado ayer por la ejecutiva de la formación catalana -de la que forman parte los ministros de Trabajo, Celestino Corbacho, y de Defensa, Carme Chacón, ausente- abunda en esa línea.
El portavoz del PSC y miembro de la dirección del PSOE, Miquel Iceta, aseguró que el aviso lanzado es real y tendrá consecuencias tanto orgánicas como organizativas. Pero admitió que en el encuentro de ayer nadie concretó en qué se traducirá si, efectivamente, el pacto no llega. En todo caso, en lo práctico e inmediato, los socialistas catalanes ayudarán a levantar el veto del Senado a las cuentas públicas. Aducen que su rechazo generaría inestabilidad política y económica y sería perjudicial para los intereses de los catalanes y los españoles porque son una herramienta para combatir la crisis y porque permitirán impulsar las políticas sociales y «aumentar de forma significativa la inversión pública» del Estado en Cataluña.
Pajín dijo que está convencida de que habrá un acuerdo de financiación satisfactorio, pero se negó a aventurar una fecha.