Francia carece de pruebas para acusar a Txeroki del asesinato de dos guardias civiles en Capbreton

Fernando Iturribarría

ESPAÑA

22 nov 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

La Justicia francesa no dispone de pruebas para imputarle a Garikoitz Aspiazu, Txeroki, el asesinato hace un año de dos guardias civiles en Capbreton, ya que tanto sus huellas genéticas y dactilares como su pistola no se corresponden con los elementos sumariales. El presunto ex jefe militar de ETA ingresó ayer de madrugada en la prisión parisiense de La Santé tras ser inculpado por dirección de organización terrorista, delito penado con hasta 20 años de prisión, y otros cargos conexos. Leire López Zurutuza, detenida junto a él el pasado lunes en los Pirineos franceses, fue encarcelada en el penal de Fresnes.

Los peritajes balísticos de la pistola Smith&Wesson de 9 milímetros encontrada en poder de Txeroki demuestran que no disparó los casquillos del mismo calibre recogidos el pasado 1 de diciembre junto a los cadáveres de Fernando Trapero y Raúl Centeno. Los análisis practicados por la Policía Técnica y Científica también establecen que no son suyas las huellas digitales ni las muestras de ADN recogidas en el lugar del crimen y en los coches utilizados por los autores del primer atentado deliberado de ETA contra la Guardia Civil en Francia.

Los investigadores están pendientes del resultado del examen del material informático intervenido en el estudio de Cauterets, último de los numerosos refugios utilizados por Aspiazu en la clandestinidad. Pero albergan escasas esperanzas de escrutar datos concluyentes, ya que una parte del contenido de los dos ordenadores portátiles y varios lápices de memoria, probablemente la más interesante, está codificada como de costumbre con programas de cifrado de datos.

Queda el reconocimiento visual o fotográfico por parte de los testigos, pero estos pueden verse condicionados por la publicación del retrato de Txeroki en los medios de comunicación españoles. La Fiscalía de París ha ordenado a la Policía Judicial una investigación sobre el origen de una filtración que ha causado malestar en Francia.

En este contexto, la jueza antiterrorista Laurence le Vert optó por imputar a Txeroki por los actos preparatorios del atentado, como el alquiler de un piso franco descubierto en Toulouse o los robos de vehículos. Pero no lo inculpó de los asesinatos de los agentes, ni siquiera en grado de complicidad. Pero sí lo acusó de dirección de una asociación de malhechores con fines terroristas, una inculpación creada en el 2004 y reservada a los jerarcas. Hasta la fecha, en ETA solo estaban perseguidos por ese cargo, punible con 20 años de prisión, Mikel Albisu, Soledad Iparragirre y Peio Eskisabel, presuntos ex jefes de los aparatos político, financiero e internacional, respectivamente.