Cautela judicial y expectación de las víctimas ante la decisión de Garzón

El juez ultima su resolución para hacerse cargo de las desapariciones del franquismo


Escepticismo y cautela por parte de las asociaciones judiciales. Alegría desbordante y expectación de las asociaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de la dictadura. De esta forma acogieron ayer sus representantes, en declaraciones a La Voz, el anuncio de que Baltasar Garzón está a punto de dictar una resolución declarándose competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo como delitos de genocidio y/o de lesa humanidad.

Precisamente hoy se cumplen 10 años desde que Augusto Pinochet fue detenido en Londres por orden de Garzón. «El mismo país que hace diez años pidió la extradición de Pinochet no puede dejar de avanzar en los derechos de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

«Ya era hora de que hubiera justicia para quienes padecieron la dictadura durante 40 años», asegura satisfecho Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «Es inexplicable que la Audiencia siga juzgando delitos en el extranjero aplicando el principio de justicia universal, y haya abierto causas sobre el Tíbet, Ruanda, Guatemala, Chile o Argentina, y España quede fuera de ese universo»», añade. «Pinochet fue juzgado por 3.000 desapariciones y aquí estamos hablando de más de 100.000», concluye.

Los portavoces de las tres principales asociaciones judiciales se reservan una opinión más fundada hasta que se dé a conocer la resolución de Garzón, pero se muestran escépticos. Miguel Ángel Gimeno, de la progresista Jueces para la Democracia, asegura que el tipo que podría encajar es el de delito de lesa humanidad del artículo 607 bis del Código Penal que se aplica a quienes lleven a cabo «un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella».

Problemas de retroactividad

Aunque pone por delante que «en el mundo del Derecho se puede hacer casi todo», añade que la iniciativa de Garzón «plantea muchos problemas jurídicos, de retroactividad». Además, «atribuir el delito a personas concretas, que es el objetivo del proceso penal, será muy complicado».

«Hay muchas lagunas jurídico-penales, la responsabilidad penal es siempre individual, no se puede abrir un proceso penal contra un Estado, y habrá muchos problemas para identificar a los autores, la inmensa mayoría de los cuales han fallecido», sostiene Lorenzo del Río, portavoz de la Francisco de Vitoria.

Antonio García, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, argumenta que Garzón solo podría llevar adelante la instrucción penal si «puede realizar un pronóstico que le permita anticipar de forma verosímil que llegado el momento y en función de lo que arroje la investigación podrá acusar a personas concretas con nombres y apellidos».

Esto no quiere decir que para iniciar la investigación tenga que identificar a los imputados, pero sí debe realizar ese «pronóstico anticipado de imputación a personas de carne y hueso». Eso significa que el juez crea que va a poder identificarlas en el curso de la instrucción, y llevarlas a un juicio en el que resulten condenadas. «Si estima que por mucho que investigue no va a poder identificar a los autores, porque están fallecidos o no estén localizables, no estaría justificada la investigación», concluye. García arguye también problemas jurídicos, como la posible prescripción, las modificaciones legales, que lo que está tipificado como delito hoy no lo estaba hace 50 años, o la retroactividad.

Silva no comparte esas objeciones. «Garzón es un juez instructor, lo que va a hacer es investigar, porque cuando hay un crimen se investiga, no depende que se vaya a encontrar al culpable o no», mantiene. Además, los delitos de genocidio y de lesa humanidad son «permanentes», no prescriben. «Cuando hay un hombre que está enterrado en una cuneta con un tiro en la cabeza existe un delito hoy, y lo habrá mañana, pasado mañana y el año que viene y siempre mientras no se repare», manifiesta Silva. «Dicen que casi todos han muerto, pero ese casi quiere decir que algunos están vivos y, además, ¿desde cuando los crímenes no se investigan?», arguye Silva.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
4 votos

Cautela judicial y expectación de las víctimas ante la decisión de Garzón