La estrategia para justificar una consulta popular en el País Vasco en apoyo a un hipotético «proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política» sigue en marcha. El último episodio es un manifiesto acordado por los partidos del tripartito (PNV, EA, EB) y Aralar en el que solicita a estas formaciones que «incorporen y/o mantengan en sus programas y proyectos la aspiración a la capacidad plena de decisión de la ciudadanía vasca».
El texto -una breve nota a la que podrá adherirse la ciudadanía vasca- evita mencionar el recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anunciado por el propio Ibarretxe y en el que el lendakari instaba a la ciudadanía a denunciar al Estado español por impedir que el pueblo vasco «se pronuncie» sobre el derecho a decidir. El manifiesto se encuentra en las páginas web de las cuatro formaciones políticas y aquellos que quieran respaldarlo tendrán que entregarlo firmado.
El texto incorpora el deseo del firmante a adherirse «a cuantas iniciativas y demandas desplieguen los partidos políticos en defensa de la consulta popular ante los foros europeos e internacionales», sin especificar en qué consistirán estas. Esta iniciativa se produce después de que el Tribunal Constitucional declarara el 11 de septiembre inconstitucional la ley de consulta aprobada por el Parlamento vasco y tras varias reuniones entre los miembros del tripartito del Gobierno autónomo y Aralar para consensuar este texto. En el manifiesto se afirma que la «responsabilidad fundamental en la prohibición de la consulta recae en el presidente del Gobierno español», que, según se añade, «reiteradamente se ha negado a dialogar con los representantes de los partidos citados para alcanzar un pacto político sobre la paz y la normalización, poniendo en manos de los tribunales lo que debe ser resuelto mediante el diálogo».
El texto está dividido en tres puntos: antecedentes, valoración e iniciativas. En la «valoración» se afirma que la anulación de esta ley «lesiona el derecho de participación en los asuntos públicos y la propia libertad de expresión» y se afirma que se ha denegado al tripartito y a Aralar la posibilidad de defender sus posiciones en apoyo a la ley.