Considera en sus alegaciones al Constitucional que sentaría un precedente de chantaje al Estado
07 ago 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El referendo que pretende celebrar Juan José Ibarretxe el 25 de octubre volvió a enfrentar ayer duramente a los Gobiernos central y vasco. Esta vez fue una guerra judicial en sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional, en las que ambas partes emplean acusaciones de grueso calibre.
El Ejecutivo central entra en el fondo del asunto y deja claro que está convencido de que la consulta es solo un «instrumento de presión» mediante el cual el lendakari pretende «forzar la voluntad política del Gobierno» para que asuma sus planes soberanistas. Un nuevo intento de imponer sus «dictados políticos», una suerte de plan B, después de que Zapatero los rechazara en su entrevista del 20 de mayo en la Moncloa.
Las formaciones del tripartito vasco argumentan que la consulta solo pretende «orientar» sobre los pasos a seguir en el futuro, no es vinculante y no tiene como objetivo cambiar el estatus jurídico del País Vasco. Además, afirman que si no se celebra se producirán «perjuicios irreversibles» para la sociedad vasca, que no sería consultada.
El Ejecutivo de Madrid, a través del escrito presentado por el abogado del Estado, pide al tribunal que mantenga la suspensión de la consulta porque si la levantara, como pretende el Gobierno vasco, y permitiera su celebración causaría un «daño irreversible a los intereses generales del Estado» si más tarde es declarado inconstitucional. Supondría que «se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización» que reserva la Constitución al Estado.
El recurso no ahorra críticas contra lo que considera un intento de «manipular al electorado vasco» por parte del lendakari Ibarretxe para forzar la negociación con Zapatero, que además crearía un peligroso precedente por el cual los Gobiernos autonómicos tendrían a su alcance forzar la voluntad política del central «mediante consultas populares sin que esté garantizada su legalidad».
La respuesta nacionalista
Los nacionalistas quisieron revestir de solemnidad la presentación de sus alegaciones al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, para lo que enviaron una delegación a Madrid encabezada por Íñigo Urkullu. El presidente del PNV y representantes de los otros dos partidos que integran el tripartito, EA y Ezker Batua, así como de Aralar, dieron una rueda de prensa para explicar su posición.
Su propósito fue restar importancia a la consulta, que «no tiene más sentido que preguntar a los ciudadanos para solucionar el conflicto» y buscar un acuerdo político que mejore el autogobierno. Urkullu calificó de «provocación» el recurso gubernamental y el del PP, que, aseguró, parecen buscar «la confrontación institucional y social, en la que no nos van a encontrar». Javier Madrazo (EB) calificó al Constitucional de «correa de transmisión» del Gobierno y del PP, que «afirman que la consulta no se va a celebrar nunca».