El tripartito prepara un acto conjunto con la coalición para el sábado con objeto de presionar a Solbes
06 ago 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La tensión entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central crece a medida que se acerca la fecha del 9 de agosto, antes de la cual, según el Estatuto de Cataluña, los Ejecutivos central y autonómico deberían alcanzar un acuerdo bilateral sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. La constatación por parte del vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, de que no será posible alcanzar un pacto en esa fecha y sus declaraciones en las que anunciaba que, en contra de lo que pretende la Generalitat, el nuevo modelo no pondrá límites a la solidaridad interterritorial, ha hecho que todos los partidos catalanes, excepto el PP, se unan al Gobierno catalán para presionar a Solbes. La situación ha distanciado también al PSC del PSOE, hasta el punto de que los socialistas catalanes no descartan votar en contra de los Presupuestos en el Congreso si el Gobierno no satisface las reclamaciones de Cataluña.
La primera acción de presión al Ejecutivo central se escenificará precisamente el sábado, cuando los partidos que gobiernan en el tripartito catalán -PSC, ERC e ICV-EUiA- reclamarán en un acto conjunto con CiU que la Administración central cumpla los compromisos fijados en el Estatut. El acto tendrá lugar en Barcelona, se celebrará en la sede de la Consejería de Economía y en presencia del consejero Antoni Castells, lo que otorgará a la cita un carácter de confrontación entre ambas Administraciones.
El propio Castells ha calificado el acto del día 9 como una «ronda» con las distintas fuerzas políticas de Cataluña para analizar la respuesta que debe dar la Generalitat, «después de que no se haya concretado el modelo de financiación en el plazo previsto por el Estatut». El portavoz del PSC y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Miquel Iceta, ya advirtió del peligro de «radicalización» en Cataluña si Solbes incumple el plazo previsto. Ayer, el también socialista y consejero de Política Territorial y Obras Públicas catalán, Joaquim Nadal, afirmó que en caso de que el día 9 no haya acuerdo alguno, el presidente Montilla tendría que «decir algo».
De la Vega lo ve difícil
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, restó importancia ayer a la fecha del 9 de agosto. «Es verdad que hay un mandato político en el Estatut», subrayó, pero dijo que ve difícil cumplirlo. «Nos hubiera gustado que estuviese ya, pero los temas son más complicados y por lo tanto intentaremos seguir haciendo esfuerzos para intentar llegar a un acuerdo», añadió.
El Gobierno no tiene fácil cumplir ese pacto, ni siquiera en septiembre. Solbes se encuentra en el centro de un debate entre las aspiraciones de Cataluña de moderar su aportación al Estado reflejada en las balanzas fiscales recién publicadas y las de otras autonomías gobernadas por el PSOE, como Galicia y Asturias, y también del PP, como Castilla y León, que rechazan cualquier recorte en la solidaridad interterritorial y exigen que se garantice la financiación para todas las competencias transferidas y no solo los servicios básicos como educación, sanidad o dependencia, como propone la Generalitat.
Ayer, el PP incidió en esta postura. Su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que el nuevo modelo presentado por Solbes no contempla en su vocabulario la palabra «solidaridad». El PP reclamó un modelo multilateral aprobado por unanimidad para que ninguna comunidad salga perjudicada.
Pero también la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, afirmó que el Gobierno «tiene la responsabilidad» de buscar un modelo de financiación autonómica que «sea bueno para todas las comunidades y no solo para una». Añadió que el actual sistema es «inadecuado e insuficiente» para garantizar las prestaciones que competen a las autonomías, pero precisó que el ofrecido por Solbes es respetuoso con el Estatut así como con el resto.