Urkullu garantiza que el PNV acatará la sentencia sobre la consulta aunque no le guste


El día después de la publicación por el Boletín Oficial del País Vasco de la ley de consulta y de la presentación de recursos por parte del Gobierno y del PP, las formaciones vascas escenificaron sus diferencias ante la normativa. El tripartito prepara la respuesta a lo que considera un ataque al autogobierno, mientras que PSE y PP consideran que la ruptura auspiciada por el reto del lendakari aconseja su relevo y un cambio político en el País Vasco.

El lendakari denunció la «debilidad argumental» de los recursos contra la ley de consulta, que, aclaró, no contempla «ningún tipo de cambio jurídico» ni equivale a un referendo ni a la autodeterminación. En declaraciones a Cataluña Radio, Juan José Ibarretxe insistió en que la anulación judicial de la ley de consulta sería de facto «la suspensión de la autonomía del autogobierno vasco».

Preguntado por las distintas voces dentro de su partido en torno a la denominada hoja de ruta, el lendakari se mostró seguro de contar con el respaldo y el «pleno apoyo» de los partidos del tripartito, PNV, EA y EB, que constituyen «la centralidad» del País Vasco, de cuya «mano» ha alumbrado la ley de consulta.

En esa misma línea, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Iñigo Urkullu, avanzó que su formación «no se estará quieta» si se produce el frenazo a la consulta, pero puso un límite a las medidas de protesta. Según dijo, el PNV mantendrá ante la decisión que tome el Tribunal Constitucional el que ha sido «su santo y seña» en sus más de cien años de existencia, y que no es otro que «el acatamiento y el cumplimiento de la legislación, a pesar de que no nos guste».

En un encuentro con medios de comunicación en París, el líder nacionalista asumió que «formamos parte del sistema», aunque, señaló, «con una vocación de que aquello que no nos gusta podamos transformar desde el propio sistema». En este punto, matizó que el acatamiento de la Constitución «no es un arrodillamiento» y no descartó recurrir ante instancias europeas, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la suspensión de la consulta.

En un intento por restar trascendencia a la polémica abierta, apuntó que la ley aprobada por el Parlamento vasco «es una preocupación prioritaria, pero no es la única preocupación», ya que el PNV trabaja por ofrecer «un modelo de sociedad».

Campaña de difusión

En tanto se deciden las medidas de respuesta al bloqueo de la ley de consulta, Eusko Alkartasuna anunció la inmediata puesta en marcha de una compaña «de difusión del derecho a decidir». El secretario de Política Institucional de EA, Rafael Larreina, denunció que tras los recursos se esconde la «contradicción democrática», según la cual «no es posible preguntar a la sociedad qué opina sobre los caminos que hay que emprender para solucionar el problema político de fondo».

Su compañero y consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, anunció una «respuesta contundente» desde el punto de vista político porque, dijo, «el derecho de decisión de la sociedad vasca es de la sociedad vasca, no es de Zapatero ni de ETA».

Por último, el Partido Comunista de las Tierras Vascas apostó sin paños calientes por la ruptura con el Estado y la superación del límite constitucional.

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