El PP argumenta que?la polémica normativa da a la banda terrorista ?ETA la condición de «interlocutor político»
16 jul 2008 . Actualizado a las 09:48 h.Juan José Ibarretxe avisó ayer de que empleará todas las iniciativas «legales, sociales y políticas» para defender el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro. El lendakari admitió que la actuación del Gobierno -que ayer presentó un recurso en el Constitucional contra la ley de consultas- puede hacer imposible la celebración del referendo, previsto para el próximo 25 octubre. Ibarretxe apenas esperó unas horas para lanzar otro órdago al Ejecutivo. Poco después de conocer el contenido del recurso planteado por Zapatero, denunció la decisión «prepotente y arbitraria» del Gobierno. Con tono muy duro, subrayó que el recurso «constituye un ataque directo a nuestra autonomía y supone de hecho la suspensión de nuestro autogobierno político y deja a las instituciones vascas indefensas ante las decisiones caprichosas adoptadas por el Gobierno español».
Recurso en 12 minutos
Nada más comprobar que el Boletín Oficial del País Vasco había publicado la ley de consultas aprobada el pasado 27 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero ordenó a la Abogacía del Estado recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. La impugnación se fundamenta en tres apartados: el lendakari se arroga la competencia exclusiva del Estado para autorizar consultas populares, la ley trocea la soberanía nacional y su tramitación vulneró el reglamento del Parlamento vasco. El Gobierno no alberga la menor duda de que el Constitucional admitirá a trámite su demanda, paralizará de inmediato la aplicación de la ley y la declarará nula e inconstitucional.
Doce minutos. Ese fue el tiempo que transcurrió desde que el Gobierno supo de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco hasta que el director de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, se presentó en el registro del Constitucional con el recurso, de acuerdo al relato que hizo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega también subrayó la prontitud de movimientos y se felicitó de que la maquinaría de la Administración haya actuado «desde el minuto uno». La celeridad gubernamental será correspondida por el tribunal, cuyo pleno se reunirá esta misma semana para admitir a trámite el recurso, con la consiguiente suspensión de la ley de consultas.
El escrito de 31 páginas sostiene que la ley viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación «de las distintas modalidades de referendo» y, además, pretende «marginar» al Estado de «una competencia exclusiva» suya, como es «la autorización de una consulta popular».
El PP se adhiere al Gobierno
Cincuenta diputados del PP presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consultas vasca con el mismo objetivo que persigue el planteado por el Gobierno, que no es otro que anular la norma, aunque el de los populares recoge algunos aspectos particulares. Los parlamentarios populares se adhieren a la impugnación del Gobierno y piden al tribunal que acumule ambos en el mismo procedimiento para agilizar así su tramitación. «Son dos visiones complementarias, que no idénticas, además de coincidentes», explicó el secretario de Justicia e Interior del partido opositor, Federico Trillo, para justificar la iniciativa de su grupo.
Según el partido opositor, la ley conculca la soberanía del pueblo español al pretender que el vasco se pronuncie sobre su autodeterminación ignorando al resto del Estado.
El PP afirma que, al pretender que solo los vascos se pronuncien sobre un final dialogado del terrorismo etarra, se ignora que ETA ha causado en los últimos 30 años casi un millar de asesinatos e innumerables víctimas en toda España. Es más, los populares entienden que esta cuestión, tal y como está planteada, otorga «a la organización terrorista ETA el carácter de sujeto válido de interlocución política».