El ayuntamiento pagó obras inexistentes, cobró tarifas excesivas por licencias y adjudicó proyectos a dedo
10 jul 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Nada menos que 253,5 millones de euros. Más de 40.000 millones de las antiguas pesetas en tan solo cuatro años. Ese es el agujero que dejó la corrupción en Marbella entre el 2002 y el 2006, de acuerdo con el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas hecho público ayer.
El órgano fiscalizador hace un dibujo desolador del consistorio bajo los gobiernos de Julián Muñoz y Marisol Yagüe, y la sombra del todopoderoso Juan Antonio Roca: el saqueo fue continuado, con un ayuntamiento que pagaba sin problemas obras inexistentes, que cobraba lo que quería por las licencias o que adjudicaba a dedo los concursos. Y todo, sin respetar las más mínimas normas administrativas.
El tribunal asegura que esos más de 250 millones de euros desaparecieron de las cuentas de las 31 sociedades mercantiles creadas por el ayuntamiento y que se convirtieron en la gran herramienta de los corruptos. Un turbio entramado empresarial, se afirma en el informe fiscalizador, para crear una administración paralela sin ningún tipo de «control financiero». Nadie «exigía la justificación del empleo dado a las transferencias o las deudas asumidas» por esas empresas del consistorio.
Todo era descontrol, según el estudio del tribunal. Los responsables de esas empresas municipales no tenían problemas para pagar, sin que constara en libro alguno, «con talones al portador o en metálico importes elevados» a supuestos prestadores de servicios. Incluso, se agrega, «las sociedades municipales aceptaban facturas de proveedores por obras en las que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos».
Herederos políticos de Gil
La trama tejida por los herederos políticos de Jesús Gil se encargó de que nadie al margen de sus acólitos pudiera saber lo que estaba pasando. Durante los últimos años de la corrupción en Marbella, «el pleno del ayuntamiento no tuvo información ni ejerció ningún control sobre la gestión económica de las actividades municipales en general, y de la sociedades mercantiles en particular», apunta tajante el organismo fiscalizador. Y aunque la oposición hubiese tenido oportunidad, tampoco hubiera podido enterarse de nada. Los equipos de Muñoz y de Yagüe, como sus antecesores, trabajaban sin «presupuestos específicos».
No había presupuestos, por lo que tampoco había que ajustar las cuentas. Las partidas, a través de las empresas del ayuntamiento, salían de las arcas municipales sin fiscalización alguna. Bastaba con coger el dinero y hacer una anotación en el registro: «A justificar». El tribunal concluye que «con carácter general se utilizó el procedimiento a justificar para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria».
No se controlaban los gastos, pero, aunque sorprenda, tampoco los ingresos. En la recaudación de las tasas municipales intervenían, como no, las empresas ligadas al ayuntamiento. El Tribunal de Cuentas dice haber localizado todo tipo de irregularidades en los cobros: tarifas excesivas por licencia de construcción, obra o apertura de establecimientos; falta de ingresos por «cánones de concesiones» y dinero desaparecido de las multas de tráfico.
Los chanchullos también se extendían a la contratación de personal. «El ayuntamiento contrató trabajadores fuera de la plantilla sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva con base en procedimientos formalmente instituidos», relata el tribunal. Hubo aumentos de sueldos que «contravenían el régimen de la función pública», el ayuntamiento pagó horas extras que superaban con mucho los límites legales y simples funcionarios cobraron sueldos de hasta 100.000 euros.
Partida de obras y suministros
Otro agujero negro de la corrupción marbellí se abrió en las obras y en los suministros. En esa partida cabía todo. La comisión de gobierno no tuvo empacho alguno en aprobar «proyectos y presupuestos inexistentes». Tampoco había «ni controles técnicos» ni «controles financieros». El ayuntamiento encargó proyectos a empresas constructoras «sin acudir a ningún procedimiento objetivo de selección» e incluso, en ocasiones, dio obras a compañías con objeto social que nada tenía que ver con el trabajo que encargaba.
El consistorio decía sí a cualquier factura que viniera de las empresas amigas. Se aceptaron pagos por obras o suministros «no ejecutados o por volumen superior a lo realmente ejecutado», se facturaron obras con precios mucho mayores que los del mercado y se aceptaron trabajos que superaban con mucho el presupuesto inicial.