El Consejo de Estado considera que las cuestiones sobre las que el lendakari Juan José Ibarretxe pretende consultar a los ciudadanos vascos requieren «una decisión soberana del pueblo español» y que el cuerpo electoral autonómico «no puede condicionar las decisiones de interés de todos los ciudadanos».
Así se pronuncia ese órgano en un dictamen, en el que estima que «existen argumentos jurídicos suficientes» para que el Gobierno interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento vasco que convoca una consulta -que se celebraría el próximo 25 de octubre en el País Vasco- sobre un diálogo para la paz y la normalización política.
El dictamen añade que la ley aprobada el pasado viernes por la Cámara de Vitoria «pone en cuestión el fundamento mismo del orden político y jurídico del Estado en su conjunto» y vulnera «el orden constitucional de competencias».
Por ello, «resulta necesaria» la interposición por el Gobierno de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la citada ley, «a fin de evitar la adopción de cualquier disposición en su desarrollo que, caso de ser dictada, también resultaría afectada por los mismos motivos de inconstitucionalidad». «El objeto de la consulta [...] trasciende el ámbito de interés y de competencias de la comunidad autónoma, afecta al interés del Estado y de los demás territorios de España», dice el Consejo, que agrega que la iniciativa «pondría en riesgo el orden constitucional del Estado y las bases mismas en que se asienta».
Esas bases, puntualiza el dictamen, son el artículo 1.2 de la Constitución, «que afirma la soberanía nacional del pueblo español y no de fracciones del mismo», y el artículo 2, «que fundamenta la Constitución en la unidad de la nación española».
En este sentido, el Consejo de Estado afirma que «la autonomía política no puede legitimar el pronunciamiento de una parte del electorado acerca de una decisión de orden constitucional que afecta a aspectos esenciales de todo el Estado».
El dictamen cita varias sentencias del Constitucional, entre ellas una muy reciente sobre la reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, en la que se señalaba que «autonomía no es soberanía y, dado que cada organización dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad».