Dos tramas corruptas en una misma investigación. La operación Astapa ha sacado a la luz sendas redes de cobro de comisiones ilegales diferentes en el Ayuntamiento de Estepona, que disponían de sendas oficinas clandestinas para cerrar los acuerdos, aunque las dos redes tenían muchos puntos de conexión, según los expertos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La documentación incautada en los registros del consistorio, que se prolongó hasta la madrugada de ayer, y en las oficinas de Hacienda y Urbanismo parecen confirmar, en un primer análisis, que el grupo corrupto operaba desde que en junio del 2003 el PSOE llegó a la alcaldía con el apoyo de concejales del Partido de Estepona (PES, ex gilistas) y reeditó las prácticas que ya se realizaban en la época del partido fundado por el fallecido Jesús Gil.
Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las oficinas de cobro, la de mayor envergadura, era la que estaba bajo el mando del propio alcalde, Antonio Barrientos, y las personas de su círculo más cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaba el día a día de esa oficina; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López Fernández. La segunda oficina de cobro era algo más modesta y se creó en fechas posteriores. Estaba dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona.
Las dos oficinas clandestinas de cobro tenían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Estepona, aunque los pequeños constructores también podían acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado del aparato, una persona que se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresarse las cantidades del cohecho.
«Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación», explican los especialistas de Anticorrupción, recibía el visto bueno si no pasaba antes por esta suerte de administración paralela en el Ayuntamiento de Estepona. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las trama por el mismo favor y luego llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno solo de los grupos, el más barato, señalan responsables de la investigación.
Multitud de empresas han tributado a estas cajas ilegales. La UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas, por el gran volumen de contratos que firmaron: las constructoras Prasa, Codelsa y Agrojardín, y la promotora Valle Romano.
El presidente de Prasa y máximo accionista del Córdoba Club de Fútbol, José Romero González, detenido el martes, ha quedado en libertad bajo fianza de 300.000 euros. El Grupo Prasa hizo pública ayer una nota en la que explica que el detenido «ha contribuido a esclarecer los hechos relacionados con la actividad promotora en Estepona».
La UDEF investiga también el papel del ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, arrestado también en esta primera fase de la operación Astapa. Dos abogados vinculados a Valle Romano fueron detenidos en Bilbao, entre ellos Daniel Delgado Lorenzo. Esta empresa ha patrocinado a deportistas como Fonsi Nieto, que firmó un acuerdo con la promotora y con Barrientos para llevar en el carenado de su moto el nombre de la urbanización y del pueblo.