Recurrirá al Tribunal Constitucional si la?ley es apoyada por el Parlamento vasco, que la votará el 27 de junio
29 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno reiteró ayer su intención de impedir la consulta popular que pretende celebrar el próximo 25 de octubre el lendakari Juan José Ibarretxe, según se regula en un proyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno vasco en una sesión extraordinaria, ya que, según declaró la ministra Elena Salgado, la competencia para convocar un referendo corresponde en exclusiva al Ejecutivo central.
La propuesta, que será debatida el 27 de junio por el Parlamento vasco, incluye dos preguntas. En la primera, que corresponde, según Ibarretxe, a un principio ético, se pregunta a los vascos si apoyan un «final dialogado» de la violencia «si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca» su voluntad de dejar las armas. La segunda, que el lendakari atribuye a un principio democrático, pregunta a la ciudadanía si respalda una negociación entre los partidos vascos, «sin exclusiones», en implícita alusión a la ilegalizada Batasuna, para alcanzar un «acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir» del pueblo vasco y que sea sometido a referendo antes de que finalice el año 2010.
Poco después de que el propio Juan José Ibarretxe compareciera ante los periodistas, respaldado por su Gabinete en pleno, para dar a conocer el texto de las preguntas, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, anunciaba la firme intención del Gobierno de impedir la consulta, mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en el que solicitará la suspensión cautelar de la norma en cuanto sea aprobada por el Parlamento vasco.
En manos de los radicales
La llave de su aprobación la tienen los nueve parlamentarios del ilegalizado Partido Comunista de la Tierras Vascas, ya que los partidos que sustentan al Gobierno vasco (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-IU) y Aralar, partidarios de la consulta, suman los mismos escaños, 33, que PSOE y PP, que votarán en contra.
El sentido del voto de los herederos de Batasuna ha suscitado no pocos problemas en el Gobierno vasco y el PNV.
El líder de este partido, Íñigo Urkullu, negoció con Ibarretxe el visto bueno de la consulta a cambio de que se incluyera una pregunta que condenara explícitamente a ETA, para impedir de esta forma que saliera adelante con el apoyo de los radicales. Esta pretensión fue rechazada por los socios de Gobierno vasco. Por lo que, finalmente, las preguntas no incluyen la condena a ETA, pero sí se condiciona el diálogo a que la banda terrorista muestre su inequívoca voluntad de abandonar la violencia.
Una fórmula ambigua con la que el lendakari pretende salvar la cara si los parlamentarios radicales acaban apoyando la norma con alguna salvedad verbal, como ya hicieron con el plan Ibarretxe originario. Y en el supuesto de que la consulta sea inviable porque la negativa del PCTV impida su aprobación o por la impugnación del Gobierno, habrá conseguido hacer el guiño a los sectores aberzales que le permita adelantar las elecciones autonómicas y tratar de captar su voto.
Ibarretxe atribuyó la iniciativa, que consideró «absolutamente legal y democrática», a la falta de acuerdo con el Gobierno central y a que «no estamos dispuestos a vivir permanentemente en una espiral sin solución» tras, dijo, 30 años de incumplimientos del Estatuto de autonomía.