El Gobierno replica a Valencia que ya recibió agua cuando la necesitó

ESPAÑA

Acusa a Camps y Valcárcel de intentar humillar a Barcelona por reclamar lo mismo que en su día tuvieron ellos

19 abr 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

La guerra amenaza con ser cruenta. Si valencianos y murcianos amenazaron el jueves con llegar hasta el Tribunal Constitucional al sentirse humillados por la decisión del Gobierno de dar a Barcelona lo que les niega a ellos, la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega devolvió ayer el disparo y acusó a los presidentes Campos y Valcárcel de tratar de «humillar» a los barceloneses «por reclamar exactamente lo mismo que tuvieron, con todo derecho y cuando lo necesitaban, los ciudadanos de Valencia o Benidorm».

El primer Consejo de Ministros ordinario de la nueva legislatura aprobó el decreto ley que permitirá la construcción, en un plazo de seis meses y con una inversión de 180 millones de euros, de la canalización que permitirá llevar el agua desde Tarragona hasta la localidad barcelonesa de Abrera. La vicepresidenta argumentó que «un Gobierno responsable» debe actuar «con decisión» para hacer frente a una situación de emergencia como la que pueden vivir después del verano cinco millones de barceloneses si continúa sin llover y el nivel de agua embalsada sigue sin superar el 20% actual.

Fernández de la Vega reiteró los argumentos ya conocidos, si cabe con mayor contundencia. Así, reiteró que no se trata de «un trasvase, sino de conducción» de agua «ya en circulación» y que, por lo tanto, no detraerá «ni una sola gota más del Ebro» ni va a influir para nada en el caudal del río. Hasta el presidente aragonés, cuyo Gobierno ha encargado un informe jurídico sobre la consideración del transporte del agua, ya adelantó ayer que no se trata de un trasvase, con el mismo argumento que la vicepresidenta. El Gobierno se evita así un quebradero de cabeza proveniente de sus mismas filas, ya que el presidente Marcelino Iglesias es militante del PSOE.

Para cerrar la defensa del proyecto aprobado ayer, la vicepresidenta agregó que se trata de una solución temporal y que no tendrá impacto ambiental alguno porque la canalización, que en muchos tramos irá soterrada, aprovechará el trazado de la autopista AP-7.

La vicepresidenta instó a que el debate se haga «desde la serenidad y el diálogo y sin anteponer los intereses electorales a los intereses de los ciudadanos». Pero sus argumentos no convencieron al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien calificó de «márketing verbal» que el Gobierno insista en negar que lo que ha aprobado es un trasvase. «El Ebro es un río español y como Murcia es España queremos igualmente hacer uso de él, sin acritud, con espíritu constructivo, demostrando con números lo que somos capaces de hacer en la región». Subrayó que el Ebro tira al mar 36.000 hectómetros cúbicos cada cuatro años, y que de ellos 4.200 serían para Cataluña, la Comunidad Valenciana, la provincia de Almería y para Murcia.

Y fue aún más crítico con la convocatoria de la ministra Elena Espinosa a los consejeros autonómicos para una reunión que se celebrará hoy en Madrid y en la que el Gobierno quiere iniciar un diálogo en profundidad para abordar el problema estructural de la falta de agua. Valcárcel señaló que «hubiera sido mucho más elegante, más cortés y más democrático haber mantenido una reunión, aunque fuera de carácter informativo», con anterioridad al acuerdo tomado ayer por el Gobierno.

Valcárcel quiere implicar en la oposición a la prolongación del trasvase a los municipios. Su propuesta Alcaldes por el Agua echó a andar ayer con el reto de sumar a la plataforma crítica a no menos de 400 alcaldes para reclamar la extensión al Levante de un trasvase de agua como el acordado para Barcelona.

El presidente de los regantes del Ebro, César Trillo, sumó ayer un nuevo argumento crítico. Los 180 millones de euros que costará la nueva infraestructura compromete, en su opinión, las inversiones hidráulicas de los próximos años. Y censuró también que el Estado financie unas obras de suministro de agua que debería pagar el ayuntamiento beneficiado.