La guerra del agua llegará al Tribunal Constitucional. Así lo acordaron ayer los presidentes valenciano, Francisco Camps, y murciano, Ramón Luis Valcárcel, quienes advirtieron a Rodríguez Zapatero que recurrirán contra el decreto ley que hoy aprobará la prolongación a Barcelona del trasvase del Ebro si en el mismo no se recoge una medida similar para sus comunidades. Lo que, obviamente, no ocurrirá.
Camps y Valcárcel, ambos del PP, mantuvieron una larga reunión de más de tres horas para poner en común su plan de oposición a la política hídrica del Gobierno. En una multitudinaria rueda de prensa posterior, exigieron al Gobierno que recupere el trasvase de mil hectómetros cúbicos de agua del Ebro proyectados por el Ejecutivo de Aznar, y no solo los 50 que aprobará hoy. De lo contrario, recurrirán al Constitucional por considerar que se vulnera el principio de igualdad. Añadieron también que, aunque no convocarán movilizaciones ciudadanas, respaldarán las que se puedan convocar.
El portavoz socialista de Medio Ambiente en el Parlamento valenciano salió al paso de estas críticas y aseguró que la solución dada al problema de Barcelona no es nueva, ya que la Comunidad Valenciana compró en su día derechos de 60 hectómetros cúbicos de agua a los regantes manchegos por importe de 22 millones de euros, y los regantes del Segura adquirieron los derechos de 130 hectómetros cúbicos de agua del Tajo.
En cambio, los socialistas murcianos reclamaron ayer los caudales necesarios para resolver definitivamente el déficit de agua de la agricultura mediante «nuevas transferencias desde el Tajo medio, o cualquier otra opción viable».
La forma en que se ha gestado el acuerdo enfrentó ayer al presidente catalán y al líder de CiU, Artur Mas, quien acusó a José Montilla de falta de liderazgo por haberse plegado a la solución propuesta por el Gobierno central.