La llamada «guerra del agua» está provocando enfrentamientos en las filas socialistas, especialmente entre el tripartito catalán y el Gobierno de Zapatero, pero también entre varias comunidades socialistas. La Generalitat quiere efectuar un trasvase temporal del río Segre (afluente del Ebro) a la cuenca del Llobregat para afrontar la peor sequía de Cataluña en medio siglo. La vicepresidenta Fernández de la Vega advirtió el viernes que el Gobierno no autorizará ningún trasvase del Ebro. Esto hizo que el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, la tachara de «frívola», «irresponsable» y «desleal». Por su parte, el presidente José Montilla advertía de que cogerá «agua de donde haya». «No nos temblarán las piernas, no podemos permitirnos que cinco millones de catalanes se queden sin agua de boca», añadió.
Ayer el consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, mantuvo una conversación telefónica con Cristina Narbona para buscar una solución. El resultado de la gestión fue negativo, no hay ningún avance. La ministra de Medio Ambiente en funciones reiteró a su interlocutor la posición expresada por la vicepresidenta: no habrá trasvase. Al tiempo, le pidió que la Generalitat estudie otras medidas alternativas para paliar la situación y le sugirió la compra de derechos de agua a los agricultores, que ya se ha hecho entre regantes del Tajo y el Segura.
Baltasar expuso a Narbona que la Generalitat necesitará el apoyo del Gobierno para asegurar el suministro de agua para consumo humano a partir de otoño, que es cuando puede haber graves problemas. Insistió en que el trasvase del Segre es «puntual, desmontable y reversible». En todo caso, la Generalitat planteará seriamente la cuestión cuando se constituya el nuevo Ejecutivo.
Zapatero se enfrenta así abiertamente a Montilla y el PSC, que logró un espectacular resultado el 9-M, y que contribuyó en gran medida a que siga en la Moncloa. Como contrapartida, calma al Gobierno socialista de Aragón y a sus correligionarios de Valencia y Murcia, que se oponen a la transferencia de agua.
Emergencia
El PSC recordó ayer a Fernández de la Vega que el Gobierno es «de toda España» y que debe dar una solución a la «emergencia» que supone que cinco millones de españoles de Barcelona puedan quedarse sin agua en los próximos meses. Su portavoz, Miquel Iceta, quiso rebajar el tono empleado por Saura pero advirtió al Ejecutivo que si no acepta el trasvase tendrá que poner sobre la mesa otras soluciones. «Mientras gobernemos nosotros, cinco millones de ciudadanos no se quedarán sin agua de boca», señaló. Iceta aseguró que en una situación tan grave está justificado «captar agua» en determinados lugares.
Pero Iceta entró también en polémica con el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, que se opone al trasvase. El portavoz del PSC aseguró que «sería una mala manera de celebrar la Exposición Universal» dejar sin agua a cinco millones de personas que viven a 300 kilómetros. El domingo, Iglesias había reiterado que se oponía a la transferencia del Ebro porque así lo estipula el Estatuto aragonés, postura que fue refrendada ayer por todos los partidos regionales.
Los socialistas catalanes se opusieron en su día al trasvase del Ebro, pero ahora abogan por una transferencia desde su afluente para garantizar el abastecimiento a Barcelona, alegando que sería mucho menor y temporal.