Amnistía Internacional (AI) denuncia la total impunidad con la que actúan algunos agentes de policía y miembros de los diferentes cuerpos de seguridad de España en casos de tortura y malos tratos a personas detenidas.
Con su informe - Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policías en casos de tortura y otros malos tratos -, presentado ayer en Madrid, esa asociación de defensa de los derechos humanos emprende una campaña de concienciación sobre este espinoso asunto tras investigar durante más de un año 13 historias reales. AI denuncia que hubo irregularidades en todos los procesos, desde el mismo momento de la detención.
Pone como ejemplo el caso de Lucian Padurau, un hombre que fue detenido el 27 de julio del 2006 a la puerta de su casa, en Barcelona, por cinco agentes de los Mossos d'Esquadra que lo confundieron con otra persona. El informe relata que «Lucian Padurau contó a Amnistía Internacional que lo habían golpeado en la calle al detenerlo y que también habían agredido físicamente a su esposa, que estaba embarazada».
El texto prosigue diciendo que cuando lo llevaban en el vehículo policial «lo amenazaron con un arma y le dijeron: 'Más te vale tragártelo todo. Si la jueza te suelta te matamos nosotros'. Los agentes continuaron golpeándolo hasta que llegaron a la comisaría de Les Corts, donde un agente de servicio en ella les advirtió: 'No le peguéis más, aquí hay cámaras'».
La experiencia de Lucian Padurau terminó cuando los agentes que lo habían detenido se percataron de que no era el hombre al que andaban buscando. «Cosas de la vida, disculpa», le dijeron, según el citado estudio.
Excesos denigrantes
Amnistía Internacional ha investigado casos de personas que informaron de haber recibido golpes, patadas, puñetazos e insultos de agentes de policía, incluso estando esposadas. Tanto en la calle como bajo custodia policial.
«En sus denuncias, estas personas aseguran que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte», indica el estudio.
«En uno de los casos, los policías dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia. En otro, la víctima estuvo varias semanas sin oír por un oído a causa de los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza mientras estaba bajo custodia».
Amnistía Internacional ve con gran preocupación la «falta de disposición» del Gobierno español para afrontar el creciente problema de los malos tratos «a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues teme que exacerbe el clima de impunidad con el que actúa la policía».
Esta organización internacional apunta varias irregularidades que se repiten en casi todos los casos, que suelen terminar archivados: los agredidos se encuentran con todo tipo de obstáculos para presentar las denuncias, no hay investigaciones independientes, se intimida a los denunciantes, los informes médicos y forenses sobre las lesiones son incompletos o inexactos, los tribunales alegan ausencia de pruebas suficientes para sustanciar la denuncia, se cierran los casos con la única base de las declaraciones de los funcionarios, y la «ausencia general de imparcialidad, prontitud y exhaustividad en las investigaciones».
AI ha constatado que este tipo de investigaciones siguen con frecuencia el mismo patrón: «Investigación interna inexistente o inadecuada y rápido archivo. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria por haber sido imposible identificar a los agentes responsables».