Las asociaciones de víctimas del terrorismo recibirán un reparto igualitario de las subvenciones

Melchor Sáiz-Pardo

ESPAÑA

El Gobierno recuerda a las 33 asociaciones que han recibido fondos públicos que deberán justificar hasta el último euro.

05 nov 2007 . Actualizado a las 00:28 h.

Las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba fueron taxativas: ni una polémica más con las asociaciones de víctimas del terrorismo a cuenta de las subvenciones públicas. Los técnicos del Ministerio del Interior han optado por una solución salomónica que evite cualquier suspicacia: entregar prácticamente las mismas cantidades a las mayoritarias Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), liderada por Francisco José Alcaraz y muy crítica con el Ejecutivo, y a la Asociación 11 de Marzo Afectados por el Terrorismo, que dirige Pilar Manjón y más cercana a las tesis del Gobierno.

A pesar de que los proyectos que los dos colectivos presentaron a la Administración eran bien diferentes, los especialistas han hecho encaje de bolillos para que los saldos finales entregados fueran casi idénticos: 220.000 euros para la AVT y 2.201 euros más para Asociación 11M, que recibe una partida de 222.001 euros. Ambos colectivos, con centenares de afiliados cada uno, se adjudican así el 44 por ciento de la partida total de un millón de euros que el Ministerio del Interior había sacado a concurso en esta ocasión.

Otras 31 asociaciones de víctimas se repartirán algo menos de 660.000 euros. Destacan la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (64.997 euros), la Fundación de Víctimas del Terrorismo (60.000), la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristas (55.076), la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11-M (50.000) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (30.013).

El reiterado interés de Interior por no levantar ampollas con las subvenciones viene motivado por el hecho de que la AVT haya utilizado el argumento de la falta de ayudas como un arma más de ataque contra el Gobierno, al que acusó de marginar al mayor colectivo de damnificados del terror. La AVT aseguró en 2005 que el Ejecutivo socialista no le había entregado un solo euro del dinero del lRPF destinado a «otros fines de interés social». En 2006 el colectivo de Alcaraz acusó al Ejecutivo de no cumplir su promesa de entregarle 400.000 euros. Tras la presentación de los presupuestos de este año, el colectivo denunció que se habían congelado las ayudas y que la AVT recibirá menos dinero del que le corresponde.

Auditorías externas

La Orden Interna 3143/2007, que se publicó el mismo día que se hacía pública la sentencia sobre el 11-M, recuerda a los colectivos el endurecimiento de los controles fiscales de estas ayudas. El texto insiste en que las asociaciones de víctimas tienen a partir de ahora «la obligación de realización y justificación de las actividades y programas subvencionados y de reintegrar las cantidades que no correspondan a gastos correctamente realizados».

Esta fiscalización suplementaria fue ordenada por Pérez Rubalcaba el pasado mes de mayo con el fin de comprobar que los fondos que estos colectivos reciben de la Administración central se destinan a la atención de sus asociados y no a fines distintos de los prometidos, como actos en contra de las instituciones o de particulares.

Desde hace seis meses, las normas de Interior establecen que no cualquier colectivo que asegure ayudar a los damnificados del terrorismo podrá optar a las ayudas. Sólo tendrán subvenciones aquellas organizaciones que «acrediten el alcance de su representatividad dentro del colectivo de víctimas del terrorismo» y su capacidad para poner en marcha programas de asistencia. Aún así, los colectivos podrán ser excluidos de las futuras ayudas si «no han justificado suficientemente las ayudas recibidas con anterioridad del Ministerio del Interior».

La nueva legislación incluye un amplia lista de irregularidades que pueden obligar a las asociaciones de víctimas a devolver el dinero del Estado, incluso a pagar intereses de demora: el falseamiento de datos, el incumplimiento total o parcial de los objetivos, el incumplimiento de la obligación de justificación o la «resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero».