La ponencia de la Comisión Constitucional inicia este miércoles la tramitación del proyecto.
08 oct 2007 . Actualizado a las 22:51 h.PSOE e IU anunciaron este lunes un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y ERC, para desbloquear la tramitación de la ley de Memoria Histórica, concebida como una reparación simbólica para quienes sufrieron la represión en la guerra civil y el franquismo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, informó del «desbloqueo definitivo» de la reforma, que atribuyó a la «sintonía» y al «alto grado de acercamiento» alcanzado con IU, PNV, CiU, BNG, Nueva Canaria, Chunta y NaBai en torno a los «elementos esenciales» del proyecto.
El tiempo se agota y la norma, uno de los proyectos estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para esta legislatura, podría no ver la luz si el Congreso no pisa el acelerador y la aprueba antes de la disolución de las Cortes, prevista en principio para enero. López Garrido se mostró este lunes convencido de que la «alta coincidencia» entre los grupos en cuanto a los «objetivos» y «términos concretos» de la ley permitirá al final que haya un texto de consenso, respaldado por la mayoría del Parlamento. En ese sentido, el dirigente socialista confió en que el PP y ERC puedan aún sumarse al proyecto.
La ponencia parlamentaria que deberá retomar los trabajos ha sido convocada para este miércoles a las 16:30 horas. Su tarea consistirá en estudiar las enmiendas de los grupos para cerrar los asuntos aún pendientes. Después, deberá reunirse la Comisión Constitucional para elaborar el dictamen que se someterá a la aprobación del Pleno de la Cámara. Fuentes de IU explicaron que, en principio, su intención es que el Pleno de su visto bueno el próximo 18 de octubre. A continuación, la norma tendría que ir al Senado y, si allí se introducen cambios, volver al Congreso para su ratificación definitiva.
Tras varios meses de negociaciones infructuosas, los grupos pactaron un texto que, en su exposición de motivos, declara la «ilegitimidad» de los tribunales, jurados u órganos judiciales del franquismo y de las «sanciones y condenas» dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Este apartado, que expone la voluntad del legislador, subraya «de forma inequívoca la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos», para contribuir a la «reparación moral» de quienes sufrieron «tan injustas sanciones y condenas».
La ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a las normas represoras y contrarias a los derechos fundamentales dictadas bajo la dictadura «con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial».
Nuevo instrumento
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interpretó ese apartado como una «derogación» del «aparato jurídico represor» del franquismo y aseguró que abre una vía para que los perjudicados puedan acudir al Tribunal Supremo y solicitar compensaciones por sus padecimientos. En ese sentido, el portavoz del PSOE aseguró también que la ley será «un nuevo instrumento jurídico» para ser invocado por los ciudadanos que quieran reclamar, pero lo hace sin interferir en los procedimientos judiciales. «Hay un territorio del legislador y otro del juez, y serán los jueces los que interpreten si hay que utilizar esta ley en procedimientos judiciales».
Diego López Garrido destacó que la aprobación de la ley será «un paso más» de la democracia española «para reparar a quienes han sufrido daños, en sus personas y bienes, como consecuencia de la tragedia histórica que supuso la sublevación militar primero, la guerra civil y la dictadura». Resaltó que se trata de «terminar con cualquier daño que todavía no haya podido ser reparado» y de mostrar «un reconocimiento especial y solemne» hacia las personas que lucharon por la democracia «sin sectarismo, sabiendo que aquello fue una tragedia que afectó a todos».
Llamazares destacó que la ley «cierra la herida del olvido y la humillación» a los republicanos y antifranquistas que «nos legaron las libertades y la democracia que hoy disfrutamos». Destacó que el texto «condena sin ambages» el régimen anterior y promueve la eliminación de sus símbolos, que aún perviven en la denominación de calles y plazas de muchas ciudades, e incluso en edificios públicos, de los que deberán ser eliminados.
Valle de los Caídos
El anuncio del acuerdo no sentó nada bien en el PP. Su secretario general, Ángel Acebes, señaló que es «la ley de la división» y «la prueba de que Zapatero quiere dividir a los españoles y rememorar lo peor de la historia, reabrir las viejas heridas de la guerra civil y olvidar la transición». A su juicio, el presidente del Gobierno está «obsesionado con el pasado» y es «incapaz de liderar el futuro». Sobre las quejas del PP, Llamazares afirmó que «una parte del PP mira más al Valle de los Caídos que a la derecha del siglo XXI».
El portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, negó que su grupo haya alcanzado «un acuerdo, y menos con IU» en torno a los contenidos de esta ley. Durán puntualizó que «hay un acuerdo, pero no en los contenidos de la ley», sino en que «se debe trabajar en ponencia y ver hasta dónde puede llegar el acuerdo». Por no tratarse de una ley orgánica, el PSOE podría impulsar una votación por separado de su articulado, que garantizase un respaldo holgado de muchas de sus partes y una mayoría suficiente para el resto.
Esquerra reiteró que no apoyará el texto por considera que se queda «a medias» al no declarar nulos todos los juicios del franquismo. A juicio de los republicanos, la ley «no cumple las expectativas generadas» por el Gobierno ante las víctimas.