Informes del 2002 revelan que el PNV trató de borrar empresarios de las listas de chantaje La red desmantelada llegó a conseguir un millón de euros al año con el impuesto revolucionario
25 jun 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Gorka Aguirre, el dirigente nacionalista imputado en la red de extorsión de ETA, no es el primer nombre de un destacado miembro del PNV que aparece en el sumario 86/1998 sobre el chantaje de la banda terrorista. Según los documentos de la Audiencia Nacional, el actual presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, contactó en 1993 con dirigentes de Batasuna ubicados en el aparato de extorsión de ETA para conseguir que la banda dejara de enviar cartas a ciertos empresarios. Esas investigaciones, que datan de hace cuatro años, han sido ahora desempolvadas por el juez Fernando Grande-Marlaska, quien el martes interrogará al entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, para determinar si la dirección del partido estuvo en aquellos años al tanto de estas gestiones y otros contactos. La investigación sobre el PNV que el juez pretende reactivar se encontraba parada desde mayo del 2002, cuando el sumario estaba siendo instruido por Baltasar Garzón. Los documentos oficiales de la Audiencia Nacional apuntan a que Garzón entonces acusó a los dirigentes de Batasuna Rufino Etxeberria y José María Olarra de participar «en la gestión y cobro» del chantaje al que la banda sometía a empresarios y profesionales liberales del País Vasco y Navarra. Baltasar Garzón desveló la existencia de una llamada del entonces portavoz del Partido Nacionalista Vasco a la sede de la coalición aberzale, dirigida a Rufino Etxeberria. Según el sumario, el motivo de esa llamada estaba relacionado con «el impuesto», ya que «una persona había recibido una carta» y se había creado «un increíble drama», por lo que «pedía por favor que se celebrase una reunión debido a la grave situación que había». El objetivo de Egibar, sostiene la Audiencia Nacional, era que ETA borrara de sus listas de chantaje al empresario amigo. Según la transcripción de un documento incautado a la cúpula de ETA, titulado Txinparta (93.06.04) , a esa reunión en junio de 1993 acudieron, además de Egibar y dos acompañantes, Olarra y Etxeberria. El encuentro transcurrió por cauces muy tensos, incluso la delegación que encabezaba Egibar amenazó con hacer pública la connivencia de algunos miembros de HB con el cobro del impuesto si no cesaba la extorsión al empresario. Pagos en especie Además de bucear los supuestos contactos del PNV con la red de extorsión, el juez intenta cuantificar el número de empresarios chantajeados y el dinero que recibió ETA por aquellos pagos. La Audiencia Nacional considera que la red recaudaba aproximadamente un millón de euros al año y que, incluso, permitía a algunos empresarios sin demasiados recursos pagar en especie -con sus productos- mientras otros, grandes empresas en su mayoría, incluso hacían entregas de dinero aprobadas por sus consejos de administración. El entramado desmantelado este semana, sostienen los informes policiales, depende de un comité ejecutivo llamado Zuba, que se subdivide en otros dos comités: Getzi, de recaudación (ahora desarticulado) y Diba, de gastos. Los investigadores consideran que fue el ex parlamentario vasco Jon Salaberria, huido desde mayo del 2005, el que ideó, agilizó y modernizó este aparato de cobro antes de su fuga. Durante años, señalaron mandos de la lucha antiterrorista, Salaberria fue una de las personas de la red que trabajó como intermediario entre los distintos comités y era a quien acudían los empresarios extorsionados para negociar las condiciones y detalles del pago (importe, modalidad, plazos, forma de entrega...), datos que después ponía en conocimiento de Getzi y Diba para que continuasen con la operación.