El Constitucional admitió a trámite la denuncia del Ayuntamiento de Salamanca El lunes se sabrá si el envío de los documentos queda congelado hasta que se sepa si es o no legal
20 ene 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Dos instituciones de muy distinto orden, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, estudian si deben suspender de manera cautelar el proceso de devolución a Cataluña de los documentos de la Generalitat expoliados por las tropas franquistas durante la Guerra Civil. El pronunciamiento más inminente es el del tribunal central: su Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo resolverá el lunes la petición del Ayuntamiento de Salamanca para que el traslado de los papeles quede congelado hasta que la alta corte despeje las dudas sobre la legalidad del retorno. La demanda ante la Audiencia Nacional fue la reacción del consistorio charro una vez que el Ministerio de Cultura sacó los legajos del Archivo General de la Guerra Civil y los condujo hasta la cámara acorazada de la sede central en Madrid del departamento que dirige Carmen Calvo. El recurso pretende que el material permanezca ahí hasta que el Constitucional resuelva el fondo del asunto. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Comunidades de Castilla y León, que preside el popular Juan Vicente Herrera. En una providencia fechada el 17 de enero -dos días antes de la salida de los documentos-, la Sección Segunda acordó dar traslado de la demanda y de la documentación presentada por el Gobierno castellano al Congreso, al Senado y al Ejecutivo central para que puedan personarse en el proceso. La Junta también reclamó la suspensión cautelar del traslado. El Constitucional abre un proceso de estudio separado de esa demanda y da quince días a las partes para que aleguen lo que estimen conveniente. Mientras que la Junta y el Ayuntamiento charro valoraron de manera positiva estas iniciativas, los socialistas advirtieron que se trata de trámites rutinarios que no interfiere en la cuestión de fondo. «Estábamos esperando esta decisión, que es positiva porque abre las expectativas que habíamos planteado, que es la suspensión cautelar del traslado», declaró la consejera de Cultura, Silvia Clemente, quien insistió en la conveniencia de un pronunciamiento del Constitucional antes de que se complete la devolución de los papeles reclamados por la Generalitat de Cataluña. «Hemos solicitado en todo momento que se queden los documentos en Salamanca hasta el pronunciamiento del tribunal», explicó Silvia Clemente, y aseguró que «la documentación que salió de Salamanca sólo es una cuarta parte de la que resta por salir según la Ley de Restitución», por lo que reconoció su esperanza en que la decisión del Constitucional se produzca antes de que el ministerio reanude el traslado del resto de las cajas . En Salamanca, el portavoz del equipo de gobierno, del Partido Popular, Fernando Rodríguez, aseguró que la indignación es aún mayor entre los ciudadanos porque se ha comprobado que la ministra de Cultura actuó con precipitación y celeridad ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional paralizase la decisión política.